Desafío identificado de BRASIL
El IV informe de cumplimiento no incluye información sobre el número de interdicciones existentes.
Eje 13 del Programa de Acción · II.14 · B.13
Capacidad jurídica
El derecho a tomar las propias decisiones y a que la ley las reconozca, en igualdad con las demás personas.
15
países con información
De los quince que presentaron informe.
258
datos utilizables
Cifras que se pueden graficar y comparar dentro de un país.
52
recomendaciones y desafíos
Que el Comité entregó sobre este eje.
0
indicadores comparables
Con la misma unidad en seis países o más.
Qué observó la región en este ciclo
El Comité de la ONU estableció en su Observación General N.º 1 que los Estados deben revisar todas las áreas del derecho para que la capacidad jurídica no quede restringida de forma desigual. Varios países de la región mantienen figuras de sustitución.
Lo que queda pendiente
Eliminar el supuesto de que la curatela o la interdicción pueden considerarse una forma de proteger derechos. Y hacer un mapeo de la legislación sobre capacidad jurídica para armonizar las normas incompatibles con la Convención.
Lectura regional del Grupo Mixto de CEDDIS sobre el 4º ciclo.
Una lectura de conjunto
Más arriba está lo que reportó cada país sobre este tema, tal como lo escribió. Si querés una lectura que los cruce —qué se repite, qué contrasta, dónde hay silencio— la puede generar la inteligencia artificial en este momento, a partir de esos mismos informes.
No es un texto de los Estados, del Comité ni del observatorio: lo escribe una inteligencia artificial cuando apretás el botón, y puede salir distinto cada vez. Lo que reportaron los países está más arriba, con su fuente.
Qué reportó cada país sobre capacidad jurídica
| País | Datos utilizables | Pasajes | Recomendaciones | Voces |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 6 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Bolivia | 10 | 7 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Brasil | 0 | 7 | 6 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Chile | 30 | 13 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Colombia | 0 | 26 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Costa Rica | 0 | 28 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Ecuador | 47 | 8 | 15 | Evaluación de pares Informe oficial |
| El Salvador | 6 | 7 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Guatemala | 145 | 11 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| México | 1 | 28 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Panama | 19 | 2 | 1 | Informe oficial |
| Paraguay | 0 | 6 | 1 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Perú | 0 | 19 | 3 | Evaluación de pares Informe oficial |
| República Dominicana | 0 | 9 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Uruguay | 0 | 10 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
Lo que dicen los informes
Pasajes de los informes de distintos países sobre este eje. Cada uno indica de qué voz proviene.
Siguiendo en la misma línea también en la adquisición de medidas destinadas a proporcionar a las personas en situación de discapacidad el acceso a los servicios de apoyo necesario para el ejercicio de su capacidad jurídica. Fuente de información: II, III Informe Combinado SIMORE marzo 2019 CRPD/C/PRY/QPR/R.2-3; www.pj.pov.py Dirección de Derechos Humanos de la Corte suprema de Justicia. Proyecto de ley “QUE GARANTIZA LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS PERSONAS CON…
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Siguiendo en la misma línea también en la adquisición de medidas destinadas a proporcionar a las personas en situación de discapacidad el acceso a los servicios de apoyo necesario para el ejercicio de su capacidad jurídica. Fuente de información: II, III Informe Combinado SIMORE marzo 2019 CRPD/C/PRY/QPR/R.2-3; www.pj.pov.py Dirección de Derechos Humanos de la Corte suprema de Justicia. Proyecto de ley “QUE GARANTIZA LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MODIFICA LOS ARTICULOS 37, 40, 80 Y 89 DE LA LEY Nº 1183/1985 ´CODIGO CIVIL´Y LOS ARTICULOS 262 Y 357 DE LA LEY Nª879/1981 DE LA ORGANIZACION JUDICIAL”, Ppresentado y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesion ordinaria de la fecha 6 de marzo del 2024. Actualmente el proyecto se encuentra en la Camara de Senadores para su estudio y consideración. (Segundo tramite Constitucional)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:Se ha buscado la mayor difusión y apropiación de la Ley 1996 de 2019, motivo por el cual en el año 2021 publicó la guía “Notarías: Un nuevo entorno de inclusión”, referente a los trámites notariales en temas de discapacidad contenidos en dicha Ley.Adicionalmente, en el año 2023, se publicó la Guía para los Centros de Conciliación en materia Civil y Comercial en lo referente a los trámites consagrados en la Ley 1996 de 2019 que se pueden…
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:Se ha buscado la mayor difusión y apropiación de la Ley 1996 de 2019, motivo por el cual en el año 2021 publicó la guía “Notarías: Un nuevo entorno de inclusión”, referente a los trámites notariales en temas de discapacidad contenidos en dicha Ley.Adicionalmente, en el año 2023, se publicó la Guía para los Centros de Conciliación en materia Civil y Comercial en lo referente a los trámites consagrados en la Ley 1996 de 2019 que se pueden adelantar en los centros de conciliación. Se adelantó un proyecto preventivo tendiente a incidir en la divulgación y apropiación de la Ley 1996 de 2019 por parte de la población con discapacidad y de los operadores de Ley.
Renata Scaglione y Dr. Daniel Zubillaga y con el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Asimismo, para el presente proyecto de ley se tomaron en consideración experiencias comparadas de países que han transcurrido por reformas a sus regímenes de ejercicio de la capacidad jurídica, así como el estado de situación del ordenamiento jurídico nacional. En tal sentido, se tomaron en cuenta las reformas operadas en Argentina (Ley 26.994); Colombia (Ley…
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Renata Scaglione y Dr. Daniel Zubillaga y con el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Asimismo, para el presente proyecto de ley se tomaron en consideración experiencias comparadas de países que han transcurrido por reformas a sus regímenes de ejercicio de la capacidad jurídica, así como el estado de situación del ordenamiento jurídico nacional. En tal sentido, se tomaron en cuenta las reformas operadas en Argentina (Ley 26.994); Colombia (Ley 1996 de 2019 de régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad); Perú (Decreto Legislativo 1.384 de 2018 por el que se reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones);
Destacan los siguientes proyectos de ley: a) Boletín N°14.783-07, que crea el Estatuto de Facilitades y Asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes, y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica;b) Boletín N°16.516-35, que modifica el Código Civil, en relación con el régimen de capacidad jurídica de personas con discapacidad visual y auditiva;c) Boletín N°12.441-17, que modifica diversos textos legales con el objeto…
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Destacan los siguientes proyectos de ley: a) Boletín N°14.783-07, que crea el Estatuto de Facilitades y Asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes, y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica;b) Boletín N°16.516-35, que modifica el Código Civil, en relación con el régimen de capacidad jurídica de personas con discapacidad visual y auditiva;c) Boletín N°12.441-17, que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía; d) Boletín N°12.612-07, que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo; ye) Boletín N°11.240-31, que establece una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista.En el contexto de la adecuación normativa sobre capacidad jurídica, el 2019, SENADIS adjudicó el estudio “Revisión de sistemas de apoyo y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica”.
El Estado ya había informado en el 2019 la publicación de la ley N° 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, particularmente el numeral 9.1 de su artículo 9, el cual establece que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás. Por ello, se destacan los esfuerzos para la implementación efectiva de dicha ley, en especial la adopción del Protocolo para atender las solicitudes de ajustes…
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El Estado ya había informado en el 2019 la publicación de la ley N° 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, particularmente el numeral 9.1 de su artículo 9, el cual establece que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás. Por ello, se destacan los esfuerzos para la implementación efectiva de dicha ley, en especial la adopción del Protocolo para atender las solicitudes de ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, denominado “Protocolo para otorgar ajustes razonables a las personas con discapacidad para la manifestación de su voluntad en actos que produzcan efectos jurídicos”, mediante Resolución Ministerial N° 347-2021-MIMP del 16.12.2021.
Ahora bien, con la promulgación de la ley 9747, Código Procesal de Familia, publicada el 12 de febrero de 2020 en el Diario Oficial La Gaceta número 28, Alcance número 19, el cual entra a regir a partir del 01 de octubre de 2024, se presentan algunos cambios toda vez que dicha ley contempla la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad y se derogan los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la ley para Promoción de la Autonomía Personal de las…
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Ahora bien, con la promulgación de la ley 9747, Código Procesal de Familia, publicada el 12 de febrero de 2020 en el Diario Oficial La Gaceta número 28, Alcance número 19, el cual entra a regir a partir del 01 de octubre de 2024, se presentan algunos cambios toda vez que dicha ley contempla la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad y se derogan los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, ley número 9379. Conforme lo anterior, el Código Procesal de Familia, en el Capítulo II, específicamente en los artículos 248 al 256 establece lo referente al procedimiento de salvaguardia. Al respecto dispone: Artículo 249- Legitimación para solicitar la salvaguardia.
Lo que el Comité recomendó sobre este eje
52 recomendaciones y desafíos dirigidos a 15 países.
Argentina
Desafío identificado de BRASIL
El IV informe de cumplimiento no incluye sobre las sentencias de interdicción/curateas que han sido revocadas.
Recomendación de BRASIL
Incorporar en lo posible a partir del próximo informe de cumplimiento, datos sobre la cantidad de personas que han logrado revertir la sentencia de interdicción , considerando principalmente la desagregación por año y género, junto a otros datos que a criterio del país puedan resultar relevantes.
Recomendación de BRASIL
Incorporar en lo posible a partir del próximo informe de cumplimiento, datos sobre la cantidad de personas que cuentan con una sentencia de interdicción vigente, considerando principalmente la desagregación por año y género, junto a otros datos que a criterio del país puedan resultar relevantes.
Bolivia
Desafío identificado de CHILE
Al igual como se señaló en el ciclo de evaluación anterior: Resulta indispensable la provisión por parte del Estado de apoyos y salvaguardias cuando resultare necesario, para un pleno ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad. Es un desafío para el Estado identificar cómo opera a la fecha el regimen de sustitución de voluntad, a fin de definir estrategias para reemplazarlo por un sistema de pleno reconocimiento de la capacidad jurídica con apoyos y salvaguardas. A partir de la información proprocionada, no se comprende bien si en virtud de la ley N°223 ha operado una derogación tácita de la interdicción y curatelas, o bien, si éstas continúan vigentes y cómo coexisten con las disposiciones de esta última norma y si existen causales de interdicción que estén vinculadas expresamente, o bien, por costumbre jurídica, a la discapacidad.
Recomendación de CHILE
Se recomienda al Estado adoptar medidas para que las disposiciones de la ley N°223 sean aplicadas también en el ámbito de la capacidad jurídica y manifestación de voluntad. Ello obliga a analizar la permanencia o no de normativa interna que consagra la interdicción y las curatelas en el evento de que existan causales de procedencia de las mismas que estén vinculadas expresamente o por costumbre a la discapacidad. Conforme al estándar internacional de derechos humanos, la implementación de mecanismos de apoyos y salvaguardias debe realizarse siguiendo los lineamientos de la Observación general Nº 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. En la misma línea se recomienda revisar las políticas estatales en relación al ejercicio de la capacidad jurídica de aquellas personas que se encuentran en albergues, centros de acogida o similares, en miras a garantizar el ejercicio pleno de este derecho. En particular, se recomienda determinar de forma clara y precisa en qué medida las personas con discapacidad pueden expresar su opinión y parecer sobre las cuestiones que puedan afectarles, de modo tal que sea la propia persona la que pueda manifestar su voluntad.
Brasil
Desafío identificado de GUATEMALA
La falta de datos desagregados limita la evaluación del impacto real de las reformas legales y dificulta el monitoreo del cumplimiento del indicador 1.2.
Desafío identificado de GUATEMALA
Existe limitación en el ejercicio pleno de la autonomía y voluntad de las personas con discapacidad, por la falta de mecanismos por parte de operadores judiciales, notariales y administrativos, falta de protocolos claros. La ausencia de formación sistemática incide directamente en interpretaciones restrictivas de la ley.
Desafío identificado de GUATEMALA
Aún existe una brecha entre el marco legal y su aplicación efectiva, particularmente en el sistema de justicia.
Recomendación de GUATEMALA
Fortalecer la formación obligatoria de operadores del sistema de justicia, diseñando e institucionalizando programas permanentes de capacitación. Crear y consolidar sistemas de información y registro estadístico.
Recomendación de GUATEMALA
Desarrollar e implementar protocolos claros y homogéneos para la aplicación de la toma de decisión apoyada en los ámbitos: judicial, notarial, registral y administrativo.
Recomendación de GUATEMALA
Adoptar medidas administrativas y judiciales que aseguren que la curatela y la interdicción se apliquen únicamente de manera excepcional, proporcional y por el menor tiempo posible.
Chile
Desafío identificado de PARAGUAY
Uno de los desafíos que este comité identifica es la armonización de términos a nivel nacional, además la concienciación para contrato adecuado. Ademas , Fundamentos: SENADIS financió estudios (2019-2021) para alinear a Chile con los estándares globales de derechos humanos y sistemas de apoyo a la capacidad jurídica. Proyecto Clave: El Boletín N°14.783-07 (enero 2022) busca crear un estatuto de facilitadores y reformar el actual sistema de interdicción. Objetivo Actual: El Gobierno trabaja en ajustar dicho proyecto para que cumpla estrictamente con la Convención de la ONU (Art. 12), priorizando la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad sobre la sustitución de sus decisiones.
Recomendación de PARAGUAY
Este Comité reconoce y valora los avances significativos que el Estado ha impulsado en materia de inclusión y reconocimiento de derechos. No obstante, se observa que aún persisten brechas técnico-normativas que impiden la plena armonización del ordenamiento jurídico interno con los estándares internacionales vigentes, particularmente con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). I. Adecuación Normativa y Dignidad Lingüística Resulta imperativo emprender una revisión exhaustiva de las leyes pertinentes para efectuar una adecuación terminológica integral. Este proceso debe orientarse a la erradicación definitiva de conceptos peyorativos o incapacitantes, sustituyéndolos por un lenguaje inclusivo y respetuoso que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. La reforma lingüística no es meramente formal, sino un requisito esencial para reflejar la dignidad inherente a la persona y el nuevo paradigma de autonomía. II. Fortalecimiento del Diálogo Social y Participación Efectiva Para garantizar la legitimidad y eficacia de las políticas públicas, es fundamental institucionalizar mecanismos de consulta estrecha y participación activa. Se insta a asegurar que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, intervengan de manera efectiva y vinculante en todas las fases de los procesos legislativos y en la formulación de políticas que afecten su ejercicio de vida. El principio de "nada sobre nosotros sin nosotros" debe constituirse como el eje rector de cualquier reforma al estatuto de capacidad jurídica. III. Compromiso con el Estándar Internacional Finalmente, se exhorta a las autoridades competentes a redoblar los esfuerzos para que el diseño de los sistemas de apoyo y salvaguardias responda con precisión técnica a la Observación General N°1 del Comité de la ONU, asegurando que la voluntad y las preferencias de la persona sean siempre el centro de cualquier actuación jurídica.
Colombia
Desafío identificado de PERÚ
El IV Informe Nacional no incluye información sobre el número de personas con discapacidad que cuentan con una sentencia de interdicción.
Desafío identificado de PERÚ
El documento tampoco incluye información sobre las sentencias de interdicción que han sido revertidas.
Recomendación de PERÚ
Incorporar en los próximos informes nacionales datos sobre las personas con discapacidad que han logrado reverir la sentencia de interdicción, considerando data desagregada por sexo, edad, etnia y tipo de discapacidad.
Recomendación de PERÚ
Incorporar en los próximos informes nacionales, información que permita identificar cuantas personas con discapacidad cuentan con una sentencia de interdicción vigente, considerando data desagregada por sexo, edad, etnia, tipo de discapacidad.
Costa Rica
Desafío identificado de PARAGUAY
Establecer las estadísticas para la presentación de datos. En el período que comprende el IV Informe.
Recomendación de PARAGUAY
Interesante que Costa Rica pueda compartir, su experiencia de la eliminación de las curatelas e interdicciones.
Ecuador
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
2. Persistencia de mecanismos sustitutivos (interdicción/curatela) como práctica vigente, reflejada en el registro de causas de interdicción (2019).
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
7. Brechas de articulación interinstitucional (justicia–salud–protección social) para sostener apoyos comunitarios y salvaguardias, reduciendo la efectividad del ejercicio real de capacidad jurídica.
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
6. Limitada accesibilidad comunicacional y procedimental para garantizar que la persona participe, comprenda y decida en procesos donde se discute su capacidad jurídica (enfoque de apoyos).
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
8. Existe un reconocimiento normativo e institucional importante de la capacidad jurídica y avances formales relevantes; sin embargo, la falta de instrumentos operativos de apoyos y salvaguardias y la persistencia de mecanismos sustitutivos limitan el cumplimiento pleno de la meta establecida
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
5. Debilidad en mecanismos específicos y especializados de revisión/remoción centrados en interdicción/curatela, diferenciados de otros recursos generales de revisión.
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
4. Riesgo de aplicación desigual del reconocimiento de capacidad jurídica entre operadores y territorios, por falta de herramientas operativas estandarizadas.
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
3. Insuficiente información y seguimiento público sobre interdicciones y su evolución (p. ej., revocatorias y su trazabilidad), lo que dificulta medir avances reales.
Desafío identificado de REPÚBLICA DOMINICANA
Ausencia de guías/manuales/protocolos para la implementación de apoyos y salvaguardias en el ejercicio de la capacidad jurídica.
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
7. Fortalecer la articulación intersectorial para que los apoyos no sean solo judiciales, sino también comunitarios y sostenibles (salud mental, servicios sociales, redes de apoyo, vida independiente).
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
6. Garantizar ajustes razonables y accesibilidad comunicacional en procedimientos donde se discuten derechos y capacidad jurídica (lectura fácil, intérpretes, sistemas aumentativos, apoyos comunitarios).
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
5. Desarrollar programas permanentes de capacitación para operadores (judicatura, fiscalía, defensoría, equipos técnicos) sobre capacidad jurídica, apoyos, salvaguardias, accesibilidad y no discriminación.
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
4. implementar un sistema de información y reporte desagregado sobre interdicciones/curatelas (por año, género y territorio) e incluir datos de revocatorias y tiempos de trámite.
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
3. Establecer mecanismos especializados, accesibles y periódicos para la revisión/remoción de interdicciones/curatelas, priorizando la transición hacia decisiones con apoyo.
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
2. Impulsar una hoja de ruta de armonización normativa con el artículo 12 de la Convención, con metas, plazos e indicadores verificables de implementación
Recomendación de REPÚBLICA DOMINICANA
Diseñar, aprobar e implementar guías/protocolos nacionales para apoyos y salvaguardias (con roles, rutas, estándares mínimos y mecanismos de supervisión).
El Salvador
Desafío identificado de PERÚ
En el marco del análisis del eje Capacidad Jurídica, y a partir de la revisión de los resultados alcanzados en el indicador evaluado, se identifican los siguientes desafíos: Si bien ya cuentan con una Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberán impulsar las acciones jurídicas necesarias para garantizar que su aplicación sea en favor de las personas con discapacidad.
Recomendación de PERÚ
En el marco del análisis del eje Capacidad Jurídica, considerando los avances y desafíos identificados en los indicadores evaluados, se presentan a continuación un conjunto de recomendaciones: Realizar las modificaciones normativas necesarias a través de reglamentos y códigos para que se armonice la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de abatir las lagunas de alcance que no permiten garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Guatemala
Desafío identificado de ARGENTINA
Guatemala ha avanzado en garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mediante la armonización de su legislación nacional con el Artículo 12 de la Convención de la ONU, la implementación de leyes y decretos. . No obstante, persisten desafíos importantes, como la concentración geográfica de interdicciones en áreas urbanas, la limitada información sobre la revocación de interdicciones y la eficacia de los mecanismos de apoyo, así como la necesidad de fortalecer la implementación efectiva de las normas, garantizar una capacitación integral y continua del personal, desarrollo de instrumentos técnicos, que permitan sistematizar procesos y garantizar la atención a este gran sector.
Recomendación de ARGENTINA
Se recomienda ampliar la difusión y el acceso a los mecanismos de revisión de interdicciones en todas las regiones del país, garantizar la recopilación y desagregación sistemática de datos por género y tipo de discapacidad, reforzar la capacitación continua y especializada del personal judicial y administrativo, asegurar la implementación efectiva de las leyes y protocolos existentes mediante seguimiento y evaluación periódica, desarrollar instrumentos técnicos.
México
Recomendación de PARAGUAY
Desarrollar un marco nacional integral de apoyos para la toma de decisiones , que inclua: definição clara de apoyos; salvaguardas contra abusos; mecanismos de supervisión y revisión periódica; respeto a la voluntad y preferencias de la persona. 2. Armonizar la legislación y la práctica judicial en todo el territorio , garantindo aplicação uniforme do paradigma de direitos humanos. 3. Capacitar de forma obligatoria y continua a jueces, notarios, fiscales, defensores públicos y personal administrativo sobre capacidad jurídica y apoyos. 4. Eliminar definitivamente prácticas tutelares residuales , revisando decisiones anteriores incompatíveis com o novo marco. 5. Crear sistemas de información y monitoreo , com indicadores que permitam acompanhar a implementação, identificar brechas e avaliar impactos. 6. Fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad no desenho, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas à capacidade jurídica.
Desafío identificado de PARAGUAY
Brecha entre reconocimiento legal y práctica cotidiana Persistem decisões judiciais, administrativas e práticas sociais que restringem a autonomia das pessoas com deficiência, especialmente em temas como patrimônio, consentimento médico, casamento, parentalidade e contratos. 2. Falta de regulación clara y homogénea de los apoyos O informe não demonstra a existência de um sistema nacional regulado de apoyos para la toma de decisiones , com critérios, salvaguardas, supervisão e mecanismos de revisão. 3. Riesgos de sustitución de voluntad encubierta Em contextos sem regulamentação clara, figuras de “apoio” podem reproduzir lógicas tutelares, contrariando o espírito da CDPD. 4. Desigualdad territorial A aplicação do novo paradigma varia significativamente entre entidades federativas, gerando insegurança jurídica e desigualdade de proteção. 5. Ausencia de datos e indicadores O informe não apresenta dados sobre: número de pessoas sob regimes de apoio; decisões judiciais relacionadas à capacidade jurídica; revisões de medidas anteriores de interdição; denúncias ou salvaguardas ativadas.
Panama
Recomendación de MÉXICO
Se recomienda que se detalle de manera clara el sistema de apoyos y salvaguardias disponible para las personas con los distintos tipos de discapacidad, incluyendo la normatividad específica que lo regula. Asimismo, resulta oportuno identificar y describir los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su autonomía y toma de decisiones, con el fin de orientar la adopción de ajustes razonables y medidas de fortalecimiento que garanticen su plena inclusión, independencia y respeto a sus derechos.
Paraguay
Recomendación de CHILE
Se recomienda al Estado parte avanzar en la incidencia y cabildeo en el marco del Congreso Nacional, para logra que el proceso iniciado en la Honorable Cámara de Diputados y en actual análisis de la Honorable Cámara de Senadores, logre completar su tratamiento logrando armonizar la normativa paraguaya con el mas alto status de derechos humanos (Art. 12 de la CDPD). Se recomienda avanzar en la creación de articulaciones entre la SENADIS y el Poder Judicial, de forma de poder tener información que revele el número de personas con discapacidad que ven restringida su capacidad jurídica, con la finalidad a futuro de encontrar los mecanismos que reparen esta situación y se les consagren todos los derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y ciudadanas paraguayas.
Perú
Desafío identificado de CHILE
Para el próximo periodo, resulta esencial que el Estado implemente efectivamente la Estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su objetivo, particularmente la Línea de acción 1, que consiste en ejecutar intervenciones orientadas a la restitución de la capacidad jurídica, a través de acciones de colaboración interinstitucional que permitan iniciar los procesos necesarios para dejar sin efecto, caso por caso, las sentencias de interdicción vigentes.
Recomendación de CHILE
2. Aprobar y ejecutar la estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Recomendación de CHILE
Generar estadísticas sobre el número de interdicciones revocadas, desagregadas por año y por género
República Dominicana
Desafío identificado de PANAMA
En el Estado dominicano, a pesar de los avances legislativos establecidos en la Convención de la ONU, y la Constitución de la República, persisten desafíos en la implementación efectiva de dichas normativas, evidenciando los casos de vulneración de los derechos de personas con discapacidad. Tal como lo reconoce el Estado dominicano, han avanzado en la armonización de su marco legal con los estándares internacionales sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero aún es imperativo continuar desarrollando y fortaleciendo los mecanismos prácticos y administrativos que garanticen el ejercicio pleno de estos derechos. La recopilación de datos estadísticos desagregados y la implementación de protocolos claros son pasos esenciales en este proceso.; por tanto, recomendamos hacer un mayor esfuerzo para establecer mayor información en el próximo informe de cumplimiento.
Recomendación de PANAMA
Establecer datos estadísticos para conocer los avances que e Estado haya tenido en relación a este eje. A través de la cooperación Sur-Sur demandar un proyecto de cooperación que le permita copiar patrones exitosos de otros países de la región. Establecer en el próximo informe de cumplimiento los datos públicos específicos sobre el número de interdicciones y curatelas existentes en la República Dominicana, desagregados por año y género. La recopilación y publicación de estas estadísticas son esenciales para evaluar y mejorar las políticas relacionadas con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Uruguay
Desafío identificado de ARGENTINA
Existe un gran desafío en este Eje, principalmente al reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, aunque persisten prácticas que pudieran vulnerar sus derechos, es importante que se impulse la propuesta de Ley que fue construida junto con las organizaciones de la sociedad para llevar de forma progresiva la reforma a su sistema normativo a favor de las personas con discapacidad.
Recomendación de ARGENTINA
Reiterar al llamado de atención a todos los Poderes del Estado para que intensifiquen las acciones tendientes a sancionar una legislación armonizada con los estándares internacionales en esta materia.
Recomendación de ARGENTINA
La preocupación continua desde el III Informe de Cumplimiento, el Estado debe continuar impulsando y consolidar dicho proceso de reforma a las leyes y códigos que se anteponen al pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se debe promover el establecimiento de mecanismos de apoyo y de salvaguardias que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos de las personas que viven con una condición de discapacidad.
Recomendación de ARGENTINA
Deberán de llevar a cabo las acciones y mecanismos necesarios para contar con información desagregada de las personas con discapacidad y que se encuentren bajo el estado de curatela, así como las que hayan solicitado o se encuentren en revisión.