Informe nacional · 4º ciclo CIADDIS-PAD
El informe oficial de Ecuador fue presentado por Consejo Nacional de Discapacidad. Lo evaluó República Dominicana. Del conjunto se extrajeron 1.882 datos cuantitativos, de los cuales 1.681 son utilizables, y 40.998 palabras de texto clasificadas por eje. Hay 1 tabla entregada enteras en cero, sin cifras equivalentes en el texto.
Más arriba está lo que este país reportó eje por eje. Si querés una lectura transversal —en qué temas hay sustancia y en cuáles apenas normativa, dónde hay datos y dónde enunciados, qué le señaló la evaluación de pares— la puede generar la inteligencia artificial en este momento.
No es un texto de los Estados, del Comité ni del observatorio: lo escribe una inteligencia artificial cuando apretás el botón, y puede salir distinto cada vez. Lo que reportaron los países está más arriba, con su fuente.
Cada eje muestra primero lo que dice el informe oficial y después lo que dicen las otras voces. Cuando hay desacuerdo, están los dos: este observatorio no elige cuál tiene razón.
Evaluación de pares Informe oficial
El derecho a una educación inclusiva en todos los niveles, con los apoyos y ajustes necesarios para que ningún estudiante quede afuera por su discapacidad.
66,16 %
Total
Tasas brutas de escolaridad de la población con discapacidad que asiste al sistema regular de Educación.
Tabla del informe
58.397 personas
Total
Personas con discapacidad registradas (3 - 18 años) · 3-18
Tabla del informe
58.397 personas
Total
Personas con discapacidad (3 - 18 años) · 3-18
Tabla del informe
50.741 personas
Total
Tabla del informe
39.974 personas
Total
Urbana
Tabla del informe
38.633 personas
Total
Número Estudiantes
Tabla del informe
4.210 personas
Total
Número Estudiantes
Tabla del informe
16.140 personas
Total Instituciones Educativas
Número de IE
Tabla del informe
Y 116 datos más en este eje.
Educación Superior Respecto al acceso a la educación superior de las personas con discapacidad en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo de Educación Superior expidió mediante Resolución Nro. RPC-SE-03-No.046-2020, de 25 marzo de 2020, la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19…
Leer el pasaje completo
Educación Superior Respecto al acceso a la educación superior de las personas con discapacidad en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo de Educación Superior expidió mediante Resolución Nro. RPC-SE-03-No.046-2020, de 25 marzo de 2020, la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 (actualmente derogado), el cual en su artículo 12 dispone: “Acceso a la educación de estudiantes con discapacidad.- Las IES implementarán las acciones que permitan garantizar la accesibilidad a los recursos de aprendizaje virtual o herramientas telemáticas para los estudiantes con discapacidad.
Educación Superior En el Modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas, aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 141-SO-29-CACES-2023, del 11 de septiembre de 2023, se incluye los siguientes aspectos a evaluar en las UEP del Sistema de Educación Superior (SES) del Ecuador: Indicador 4: Infraestructura Física y Tecnológica. Elemento fundamental 6: “La institución cuenta con condiciones de…
Leer el pasaje completo
Educación Superior En el Modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas, aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 141-SO-29-CACES-2023, del 11 de septiembre de 2023, se incluye los siguientes aspectos a evaluar en las UEP del Sistema de Educación Superior (SES) del Ecuador: Indicador 4: Infraestructura Física y Tecnológica. Elemento fundamental 6: “La institución cuenta con condiciones de accesibilidad universal en todas las instalaciones físicas, recursos tecnológicos o demuestra esta accesibilidad a través de acciones y estrategias”.
En comparación con el Tercer Informe de Cumplimiento (2019), se identifican avances en la consolidación del marco normativo e institucional relacionado con la educación inclusiva, así como en la formalización de modelos educativos especializados y protocolos de actuación frente a la discriminación y la violencia en el entorno educativo. Sin embargo, los progresos reportados se concentran principalmente en el plano normativo y programático, sin evidencia suficiente de…
Leer el pasaje completo
En comparación con el Tercer Informe de Cumplimiento (2019), se identifican avances en la consolidación del marco normativo e institucional relacionado con la educación inclusiva, así como en la formalización de modelos educativos especializados y protocolos de actuación frente a la discriminación y la violencia en el entorno educativo. Sin embargo, los progresos reportados se concentran principalmente en el plano normativo y programático, sin evidencia suficiente de resultados favorables medibles que permitan valorar mejoras sustantivas en los niveles de escolaridad promedio o en los logros educativos de las personas con discapacidad.
En el informe evaluado no se incorporan referencias explícitas ni análisis comparativos respecto a la información provista por la sociedad civil en su informe alternativo en materia de educación. En consecuencia, no es posible identificar, a partir del documento presentado, cómo las observaciones, aportes o alertas de la sociedad civil han sido consideradas o contrastadas con la información oficial del Estado en este ámbito.
1. Insuficiente disponibilidad de información estadística desagregada que permita medir los resultados de la escolaridad promedio de las personas con discapacidad y evaluar de manera integral los resultados del sistema educativo inclusivo para realizar comparaciones.
3. Falta de una política efectiva para disminuir la deserción escolar sobre todo en los niveles altos y universitarios, ya que persisten las desigualdades económicas, las barreras arquitectónicas, actitudinales y de comunicación.
2. No hay información específica sobre estrategias de recuperación de aprendizajes para personas con discapacidad afectadas por la emergencia sanitaria por COVID-19. No hay suficientes mediciones cuantitativas que evidencie los resultados de las estrategias implementadas después del COVID 19 para ver el avance académico de los estudiantes.
4. Se identifica como desafío la heterogeneidad en las capacidades institucionales y tecnológicas de los establecimientos educativos públicos y privados, lo que genera brechas en la implementación de TIC accesibles entre territorios, niveles educativos y tipos de gestión, limitando la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad.
5. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los establecimientos educativos mediante procesos de capacitación docente y administrativa orientados al uso pedagógico de TIC accesibles, asegurando su aplicación
4. Implementar políticas focalizadas a disminuir la deserción escolar y aumentar el número de personas con discapacidad en los espacios universitarios.
3. Se requiere mayor provisión y financiamiento de apoyos educativos. Asimismo, se considera relevante documentar de manera específica los mecanismos implementados para garantizar el acceso, el retorno a clases y la recuperación de aprendizajes de las personas con discapacidad en contextos de emergencia sanitaria.
2. Documentar y ampliar el acceso efectivo a herramientas de accesibilidad educativa, incluidos EVA y OVA accesibles, y desarrollar mecanismos específicos de recuperación de aprendizajes dirigidos a personas con discapacidad, particularmente en contextos de emergencia o crisis sanitaria.
1. Se considera prioritario fortalecer los sistemas de información educativa mediante la incorporación de indicadores de resultados desagregados que permitan medir la escolaridad promedio y el desempeño educativo de las personas con discapacidad.
Evaluación de pares Informe oficial
El derecho a la salud analizado en cuatro dimensiones: que los servicios existan, que se pueda llegar a ellos, que sean aceptables y que tengan calidad.
Como es de conocimiento, el tema de la sexualidad humana continúa siendo un verdadero tabú en la sociedad ecuatoriana. Esto se agudiza aún más cuando se relaciona a la sexualidad de las personas con discapacidad. En función de ello el Ministerio de Salud Pública y con la finalidad de ir rompiendo dichos tabús, se ha trabajado en: 1. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021. Acuerdo Ministerial MSP N°. 0033- 2017.
Está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018 – 2030, el Plan Decenal de Salud 2022 – 2031 y la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible a los objetivos 3 y 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: · Objetivo 3: Buena Salud y Bienestar · Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, en su meta 9.5 señala: “Aumentar…
Leer el pasaje completo
Está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018 – 2030, el Plan Decenal de Salud 2022 – 2031 y la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible a los objetivos 3 y 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: · Objetivo 3: Buena Salud y Bienestar · Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, en su meta 9.5 señala: “Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar un acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados para 2020” 1.
Desde la presentación del Tercer Informe (2019), se identifican los siguientes avances:Implementación o fortalecimiento de programas de salud inclusiva, con énfasis en la atención primaria.Incorporación gradual de criterios de accesibilidad universal en establecimientos de salud nuevos o remodelados.Mayor articulación interinstitucional entre organismos de salud y áreas rectoras de discapacidad.Desarrollo de acciones de capacitación dirigidas al personal de salud sobre…
Leer el pasaje completo
Desde la presentación del Tercer Informe (2019), se identifican los siguientes avances:Implementación o fortalecimiento de programas de salud inclusiva, con énfasis en la atención primaria.Incorporación gradual de criterios de accesibilidad universal en establecimientos de salud nuevos o remodelados.Mayor articulación interinstitucional entre organismos de salud y áreas rectoras de discapacidad.Desarrollo de acciones de capacitación dirigidas al personal de salud sobre derechos de las personas con discapacidad y atención inclusiva.Resultados favorables en el acceso a prestaciones esenciales, como rehabilitación, provisión de ayudas técnicas y medicamentos, aunque de manera desigual según territorio y subsistema de salud.
La calidad de la atención en salud para las personas con discapacidad ha mostrado avances progresivos, particularmente en la incorporación del enfoque de derechos humanos y accesibilidad en las políticas públicas sanitarias. Se registran mejoras en la atención primaria de la salud, en la detección temprana, la rehabilitación y el acceso a prestaciones básicas. Sin embargo, persisten brechas en la adecuación de los servicios a las necesidades específicas de las personas con…
Leer el pasaje completo
La calidad de la atención en salud para las personas con discapacidad ha mostrado avances progresivos, particularmente en la incorporación del enfoque de derechos humanos y accesibilidad en las políticas públicas sanitarias. Se registran mejoras en la atención primaria de la salud, en la detección temprana, la rehabilitación y el acceso a prestaciones básicas. Sin embargo, persisten brechas en la adecuación de los servicios a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, especialmente en lo referido a accesibilidad física, comunicacional y actitudinal, así como en la formación del personal de salud.
Fortalecer las políticas públicas de salud inclusiva con asignación presupuestaria suficiente. Garantizar la accesibilidad universal (física, comunicacional y tecnológica) en todos los establecimientos de salud. Implementar programas sistemáticos de capacitación obligatoria para el personal de salud. Promover la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de salud. Mejorar la recolección y sistematización de datos sobre acceso a la salud de las personas con discapacidad.
A pesar de los avances, persisten importantes desafíos para garantizar el acceso efectivo y en igualdad de condiciones: Superar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales aún presentes en los servicios de salud. Garantizar la accesibilidad plena en todos los niveles de atención y en todo el territorio nacional. Fortalecer los sistemas de información en salud desagregados por tipo de discapacidad, edad, género y territorio. Asegurar la sostenibilidad de los programas existentes y su adecuada implementación. Profundizar la formación continua del personal de salud en discapacidad, enfoque de derechos y trato digno.
Evaluación de pares Informe oficial
El acceso al empleo y a un trabajo digno, en el sector público y en el privado, en igualdad de condiciones.
79,15 %
Mestizo (a)
Porcentaje
Tabla del informe
9,22 %
Indígena
Porcentaje
Tabla del informe
6,1 %
Montuvio (a)
Porcentaje
Tabla del informe
4,09 %
Afroecuatoriano / Afrodescendiente
Porcentaje · afrodescendiente
Tabla del informe
0,91 %
Blanco (a)
Porcentaje
Tabla del informe
0,5 %
Mulato (a)
Porcentaje
Tabla del informe
0,04 %
Otro
Porcentaje
Tabla del informe
53.271 personas
Edad entre 25-64
Casilla del formulario
Y 24 datos más en este eje.
Por otra parte, en el último cuatrimestre de 2021, se expidió el Acuerdo Ministerial MDT-2020-171, que señaló las excepciones de aplicación a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo determinadas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, especificando que los trabajadores con discapacidad y sustitutos se encontraban exceptos de la reducción de remuneración en el sector privado. De igual forma, el CONADIS en coordinación con la Federación Nacional de ecuatorianos…
Leer el pasaje completo
Por otra parte, en el último cuatrimestre de 2021, se expidió el Acuerdo Ministerial MDT-2020-171, que señaló las excepciones de aplicación a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo determinadas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, especificando que los trabajadores con discapacidad y sustitutos se encontraban exceptos de la reducción de remuneración en el sector privado. De igual forma, el CONADIS en coordinación con la Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física mediante el Servicio de Integración Laboral y su Call Center realizo un seguimiento a la estabilidad laboral de las personas con discapacidad y sustitutos; mediante llamadas telefónicas y el cruce de datos con aquellas personas que se encontraban activas laboralmente en el mes de enero de 2020 (69.632) contra los meses más álgidos de la pandemia.
Se identificó que, desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre de 2021, 5.772 personas con discapacidad y 180 sustitutos de personas con discapacidad fueron desvinculadas laboralmente (total 5.952 personas); de este total se identificó que 368 habían fallecido y 438 personas se habían acogido a procesos de jubilación. Durante los años 2017-2021 se realizaron siete jornadas de inspecciones laborales conjuntas entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades,…
Leer el pasaje completo
Se identificó que, desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre de 2021, 5.772 personas con discapacidad y 180 sustitutos de personas con discapacidad fueron desvinculadas laboralmente (total 5.952 personas); de este total se identificó que 368 habían fallecido y 438 personas se habían acogido a procesos de jubilación. Durante los años 2017-2021 se realizaron siete jornadas de inspecciones laborales conjuntas entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, la Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física y el Ministerio de Trabajo, visitando alrededor de 2.900 empresas privadas, e integrando a 794 personas con discapacidad en aquellas empresas que se encontraban incumpliendo con la Normativa de inclusión laboral. Además, se ha capacitado a 133 inspectores laborales en lenguaje positivo y buen trato para las personas con discapacidad.
Se identifican avances significativos y alentadores en comparación con el ciclo anterior:Es loable la expedición de Acuerdos Ministeriales (como el MDT-2020-076 y 0117) que protegieron la estabilidad laboral y la integridad salarial de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria.El fortalecimiento de programas de crédito como "Somos Productivos" y la creación de herramientas de capacitación financiera accesible representan un paso firme hacia la autonomía…
Leer el pasaje completo
Se identifican avances significativos y alentadores en comparación con el ciclo anterior:Es loable la expedición de Acuerdos Ministeriales (como el MDT-2020-076 y 0117) que protegieron la estabilidad laboral y la integridad salarial de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria.El fortalecimiento de programas de crédito como "Somos Productivos" y la creación de herramientas de capacitación financiera accesible representan un paso firme hacia la autonomía económica.Se destaca la continuidad de la cooperación interinstitucional (CONADIS-MDT-FENEDIF), lo cual demuestra una política de Estado que trasciende gestiones.
El Estado ecuatoriano ha presentado un reporte con un alto nivel de detalle en la caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad que ya se encuentra inserta en el mercado laboral.Se valora positivamente la desagregación por etnia, edad y tipo de discapacidad, lo cual permite una mirada interseccional valiosa para el diseño de políticas públicas.Se observa una oportunidad de mejora en la consolidación de registros administrativos para determinar la…
Leer el pasaje completo
El Estado ecuatoriano ha presentado un reporte con un alto nivel de detalle en la caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad que ya se encuentra inserta en el mercado laboral.Se valora positivamente la desagregación por etnia, edad y tipo de discapacidad, lo cual permite una mirada interseccional valiosa para el diseño de políticas públicas.Se observa una oportunidad de mejora en la consolidación de registros administrativos para determinar la Población Económicamente Activa (PEA). Esto permitiría al Estado medir con mayor precisión la tasa de desempleo y, por ende, el impacto de las políticas de inclusión. Asimismo, sería de gran utilidad técnica completar los registros de ubicación geográfica (urbana/rural) para asegurar que las políticas lleguen a todo el territorio nacional.
Avanzar hacia la integración de variables de discapacidad en las encuestas nacionales de empleo para contar con una línea base de desempleo robusta.
Un punto de atención para el próximo periodo podría ser la reducción de la brecha de género, dado que la participación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral se sitúa actualmente en un 35%.
Continuar promoviendo la inclusión de personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, buscando equilibrar su participación frente a las discapacidades físicas.
Potenciar el registro de la inclusión laboral en zonas rurales y comunidades indígenas para visibilizar el alcance nacional de las metas.
Considerar el fortalecimiento de los sistemas de información laboral para captar datos de la población en edad de trabajar que aún no accede al mercado.
Continuar con la exitosa labor de capacitación a inspectores de trabajo, enfatizando en los ajustes razonables para discapacidades "no visibles".
Explorar mecanismos o programas piloto que incentiven la contratación de mujeres con discapacidad, promoviendo su liderazgo.
Evaluación de pares Informe oficial
Las acciones del Estado para cambiar cómo la sociedad ve la discapacidad: combatir estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias.
113.963 personas
Total
2020 · 2020
Tabla del informe
77.395 personas
Sensibilización en discapacidades
Tabla del informe
42.364 personas
Guía sobre derechos sexuales reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad
Tabla del informe
42.215 personas
Total
2021 · 2021
Tabla del informe
42.094 personas
Total
2023 · 2023
Tabla del informe
25.754 personas
Gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad
Tabla del informe
25.001 personas
Total
2022 · 2022
Tabla del informe
24.934 personas
Atención al turista con discapacidad
Tabla del informe
Y 51 datos más en este eje.
A fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, desde el año 2020 al 2023 se efectuaron campañas de comunicación en redes sociales sobre la “Actualización, de cédula a carné”, debido a la Resolución Nro. 002-CONADIS-2022, documento que resuelve la extensión de la vigencia del carné de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2023. De acuerdo a la trasformación digital y el uso de redes a internet, realizamos una campaña comunicacional sobre las tarifas…
Leer el pasaje completo
A fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, desde el año 2020 al 2023 se efectuaron campañas de comunicación en redes sociales sobre la “Actualización, de cédula a carné”, debido a la Resolución Nro. 002-CONADIS-2022, documento que resuelve la extensión de la vigencia del carné de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2023. De acuerdo a la trasformación digital y el uso de redes a internet, realizamos una campaña comunicacional sobre las tarifas preferencias de internet fijo, telefonía móvil y fija durante tres meses, como entregable se realizó una batería con publicaciones correspondientes a los días martes y jueves. De esta manera se fortaleció a la ciudadanía sobre las medidas de acción afirmativa que cuentas las personas con discapacidad.
El acceso para la inscripción a los cursos, es a través de la siguiente página web: www.plataformaconadis.gob.ec Desde el año 2020 al 2023 de han desarrollado los cursos virtuales que han contribuido al conocimiento y visibilización de la discapacidad desde un enfoque positivo de igualdad y no discriminación, detallados en el cuadro a continuación: Del año 2020 al 2023 se cuenta con un total de 223.273 personas capacitadas.CURSO2020202120222023TotalAccesibilidad al medio…
Leer el pasaje completo
El acceso para la inscripción a los cursos, es a través de la siguiente página web: www.plataformaconadis.gob.ec Desde el año 2020 al 2023 de han desarrollado los cursos virtuales que han contribuido al conocimiento y visibilización de la discapacidad desde un enfoque positivo de igualdad y no discriminación, detallados en el cuadro a continuación: Del año 2020 al 2023 se cuenta con un total de 223.273 personas capacitadas.CURSO2020202120222023TotalAccesibilidad al medio físico39840003984Atención al turista con discapacidad1241358911808482224934Comunicadores sociales “construyendo inclusión”0155996823434870Derechos humanos, inclusión laboral y buenas prácticas para personas con discapacidad037303535844615711Guía sobre derechos sexuales reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad3246247232140303942364Programa de educación financiera00259996110220Lectura fácil y formatos accesibles0014622152361Formación de organizaciones sociales1334700013347Gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad1647734032728314625754Fortalecimiento en dirigencia y participación de mujeres con discapacidad09959503882333Sensibilización en discapacidades352802191412467773477395TOTAL113.96342.21525.00142.094223. 273Fuente: CONADIS 2023 Por su parte, de manera institucional el CONADIS produjo y difundió en sus redes sociales oficiales 134 campañas comunicacionales, para socializar información específica en el ámbito de las discapacidades: 1.
Las organizaciones de sociedad civil y personas con discapacidad han señalado, en informes alternativos previos y análisis contextual del país, que:Existen acciones de sensibilización gubernamentales y sectoriales, sobre todo en fechas claves como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.La participación de personas con discapacidad es un factor creciente pero aún insuficiente en el diseño y ejecución de actividades de concientización.Persisten prácticas…
Leer el pasaje completo
Las organizaciones de sociedad civil y personas con discapacidad han señalado, en informes alternativos previos y análisis contextual del país, que:Existen acciones de sensibilización gubernamentales y sectoriales, sobre todo en fechas claves como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.La participación de personas con discapacidad es un factor creciente pero aún insuficiente en el diseño y ejecución de actividades de concientización.Persisten prácticas socioculturales que reproducen estereotipos y enfoques asistencialistas, especialmente fuera del entorno urbano y en medios de comunicación.
El informe reconoce que el proceso de concientización incorpora progresivamente un enfoque de derechos humanos, evidenciado en campañas y políticas que destacan la igualdad, no discriminación y dignidad de las personas con discapacidad. No obstante, la profundidad y sistematización de los indicadores de impacto social todavía es limitada, lo que dificulta una medición robusta del cambio cultural.
A pesar de los avances, persisten varios desafíos clave: Transformación cultural profunda: La percepción social aún no ha transitado de la mirada caritativa o asistencialista hacia una comprensión plena de derechos humanos. Medición de impacto: Hay falta de indicadores sistemáticos para evaluar el efecto real de las campañas y acciones de concientización en la sociedad ecuatoriana. Alcance territorial: Las acciones de concientización todavía tienen mayor presencia en áreas urbanas y centros gubernamentales, con menor penetración en zonas rurales o marginadas. Participación efectiva: La sociedad civil y las personas con discapacidad requieren espacios más plenos y representativos para co-liderar procesos de sensibilización a nivel comunitario.
Para fortalecer el cumplimiento de la Meta 1, se recomienda: Aumentar la cobertura territorial de campañas de sensibilización con enfoque de derechos humanos, incluyendo zonas rurales y grupos lingüísticos diversos. Fortalecer la participación de personas con discapacidad y organizaciones representativas como agentes principales en el diseño, ejecución y evaluación de programas. Implementar indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir cambios reales en actitudes, percepciones y comportamientos sociales. Capacitar a comunicadores, educadores y autoridades públicas en enfoques no discriminatorios para asegurar coherencia entre políticas y prácticas sociales. Promover estudios y monitoreos periódicos que identifiquen brechas de percepción social y las transformaciones alcanzadas con el tiempo. Evaluación: Nivel Medio de cumplimiento , con tendencia a alto si se fortalecen los sistemas de medición y participación social.
Evaluación de pares Informe oficial
La eliminación de barreras físicas, comunicacionales y tecnológicas para que los entornos, servicios e información estén al alcance de todas las personas.
1.065 personas
Total de capacitados
Tabla del informe
462 personas
Discapacidad intelectual
intelectual
Tabla del informe
337 personas
Discapacidad física
física
Tabla del informe
182 personas
Discapacidad no especificada
Tabla del informe
26 personas
Discapacidad sensorial auditiva
auditiva
Tabla del informe
25 personas
Discapacidad sensorial visual
visual
Tabla del informe
17 personas
Discapacidad psicosocial
psicosocial
Tabla del informe
14 personas
Discapacidad visual y auditiva
visual
Tabla del informe
Y 18 datos más en este eje.
En este sentido los documentos normativos que se han emitido desde el año 2020 hasta la presente fecha son los siguientes: Nro.TIPO DE DOCUMENTONÚMEROTÍTULOESTADO1NTE INEN2853Rampas para el ingreso y egreso de personas con movilidad reducida a vehículos para el transporte terrestre de pasajerosVigente2CPE -INEN-21-0Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de transporte. necesidades de las personas con discapacidad y adultos mayores. parte 1: directrices…
Leer el pasaje completo
En este sentido los documentos normativos que se han emitido desde el año 2020 hasta la presente fecha son los siguientes: Nro.TIPO DE DOCUMENTONÚMEROTÍTULOESTADO1NTE INEN2853Rampas para el ingreso y egreso de personas con movilidad reducida a vehículos para el transporte terrestre de pasajerosVigente2CPE -INEN-21-0Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de transporte. necesidades de las personas con discapacidad y adultos mayores. parte 1: directrices básicasVigente3NTE INEN2292Accesibilidad de las personas al medio físico. terminales, estaciones y paradas de transporte. requisitosVigente La Agencia Nacional de Tránsito, publico el Reglamento de Escuelas de Formación, Capacitación y Entrenamiento de Conductores No Profesionales, mediante Resolución Nro. 005-DIR-2022-ANT, de fecha 14 de marzo de 2022.
RESOLUCIÓN No. 028-ANT-DIR-2022; MEDIANTE EL CUAL SE EMITE EL REGLAMENTO DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES DE ASISTENCIA Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DENTRO DEL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTRA E INTERPROVINCIAL. Toda persona con discapacidad que necesite viajar acompañado de un animal de asistencia (guía, servicio, perro de servicio para niños con autismo (PSNA), alerta médica, señal) tiene derecho a utilizar el servicio de transporte público de pasajeros intraprovincial e…
Leer el pasaje completo
RESOLUCIÓN No. 028-ANT-DIR-2022; MEDIANTE EL CUAL SE EMITE EL REGLAMENTO DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES DE ASISTENCIA Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DENTRO DEL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTRA E INTERPROVINCIAL. Toda persona con discapacidad que necesite viajar acompañado de un animal de asistencia (guía, servicio, perro de servicio para niños con autismo (PSNA), alerta médica, señal) tiene derecho a utilizar el servicio de transporte público de pasajeros intraprovincial e interprovincial, precautelando siempre la seguridad del animal y de los usuarios del servicio del transporte público; para lo cual acatarán las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. NORMA TÉCNICA INEN-ISO 21542 EDIFICACIÓN. ACCESIBILIDAD AL ENTORNO CONSTRUIDO
Su accesibilidad de "Nivel Alto" (señalética háptica, sistemas de audio y atención preferente) es hoy un referente para el transporte masivo en Iberoamérica.Es loable la presentación de la nueva Estrategia Nacional 2025-2029 que incorpora la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar la autonomía personal y la inclusión productiva, anticipándose a los desafíos de la era digital.El éxito del Primer Congreso Internacional de Discapacidades “Sin Límites ni Barreras” (2025)…
Leer el pasaje completo
Su accesibilidad de "Nivel Alto" (señalética háptica, sistemas de audio y atención preferente) es hoy un referente para el transporte masivo en Iberoamérica.Es loable la presentación de la nueva Estrategia Nacional 2025-2029 que incorpora la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar la autonomía personal y la inclusión productiva, anticipándose a los desafíos de la era digital.El éxito del Primer Congreso Internacional de Discapacidades “Sin Límites ni Barreras” (2025) demuestra un compromiso por vincular la academia y la sociedad civil en la generación de conocimiento sobre accesibilidad.La instalación del software NVDA en 919 Puntos Digitales Gratuitos y la capacitación continua de más de 1,000 personas en 2024 reflejan un avance real en el cierre de la brecha digital.
El informe destaca por su precisión técnica. La inclusión de listas detalladas de normas INEN (actualizadas y confirmadas entre 2020 y 2023) permite verificar que el Estado posee el andamiaje técnico necesario para la exigibilidad de derechos.Se valora la honestidad al reportar la extinción del sistema ferroviario, evitando inconsistencias y la claridad en la jerarquía de las normas técnicas como obligatorias.En el Indicador 2.1, se sugiere para futuros reportes incluir el…
Leer el pasaje completo
El informe destaca por su precisión técnica. La inclusión de listas detalladas de normas INEN (actualizadas y confirmadas entre 2020 y 2023) permite verificar que el Estado posee el andamiaje técnico necesario para la exigibilidad de derechos.Se valora la honestidad al reportar la extinción del sistema ferroviario, evitando inconsistencias y la claridad en la jerarquía de las normas técnicas como obligatorias.En el Indicador 2.1, se sugiere para futuros reportes incluir el valor porcentual consolidado de infraestructura accesible vs. total, para facilitar la medición del cierre de brecha a nivel nacional.
Extender los estándares de éxito del transporte metropolitano hacia las zonas rurales y sistemas de transporte fluvial/marítimo.
Mantener la firmeza en la supervisión de las escuelas de conducción y servicios de transporte privado para evitar retrocesos en la accesibilidad lograda.
Asegurar la difusión masiva de la nueva malla curricular para conductores con discapacidad (licencia tipo F), facilitando su derecho a la autonomía en la conducción.
Establecer indicadores éticos y de accesibilidad para asegurar que el uso de IA en la Estrategia 2025-2029 no genere nuevas barreras digitales.
Replicar las mejores prácticas de accesibilidad del Metro de Quito en otros sistemas de transporte municipal a nivel nacional.
Evaluación de pares Informe oficial
La participación ciudadana, política y social: votar, ser elegido, incidir en las políticas públicas y organizarse.
11.865.334 personas
Total:
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO AÑO 2021 · Participantes · urbana · indígena · 2021
Tabla del informe
5.219.711 personas
Total:
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO Año 2020 · Participantes · urbana · indígena · 2020
Tabla del informe
2.206.380 personas
Total:
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO AÑO 2022 · Participantes · urbana · indígena · 2022
Tabla del informe
5.937.789 personas
Hombres
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO AÑO 2021 · Participantes · urbana · indígena · 2021
Tabla del informe
5.853.128 personas
Mujeres
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO AÑO 2021 · Participantes · urbana · indígena · 2021
Tabla del informe
2.589.834 personas
Hombres
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO Año 2020 · Participantes · urbana · indígena · 2020
Tabla del informe
2.581.830 personas
Mujeres
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO Año 2020 · Participantes · urbana · indígena · 2020
Tabla del informe
1.106.834 personas
Hombres
Cantidad de personas que han participado en eventos de Deliberación Pública correspondientes a los procesos de Rendición de Cuentas - Desagregado por GÉNERO AÑO 2022 · Participantes · urbana · indígena · 2022
Tabla del informe
Y 10 datos más en este eje.
Con estas acciones, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de garantizar que las personas con discapacidad gocen de igualdad de oportunidades y sean participantes activos en nuestra sociedad, contribuyendo de manera significativa a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relevantes para su bienestar. Durante el período comprendido entre 2020 y 2022, la información detallada respecto a la participación de personas con discapacidad no se…
Leer el pasaje completo
Con estas acciones, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de garantizar que las personas con discapacidad gocen de igualdad de oportunidades y sean participantes activos en nuestra sociedad, contribuyendo de manera significativa a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relevantes para su bienestar. Durante el período comprendido entre 2020 y 2022, la información detallada respecto a la participación de personas con discapacidad no se encuentra disponible de manera desglosada. No obstante, a partir del año 2023 la misma ya se encuentra detallada a este nivel, de tal manera que el CPCCS reportó en el año 2023 un total de 1203 eventos de capacitación realizados a nivel nacional, con una asistencia de 33,178 participantes.
Reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades 2021.- Se planifica el proceso de consulta y se ejecutan las primeras mesas técnicas de diálogo con la finalidad de obtener los aportes desde las entidades públicas y privadas. Se cuenta con un primer borrador de reforma. 2022.- Se realiza una ampliación de tiempo para la participación de organizaciones de la sociedad civil, federaciones, asociaciones de y para personas con discapacidad. Así como se incluye al nivel territorial de…
Leer el pasaje completo
Reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades 2021.- Se planifica el proceso de consulta y se ejecutan las primeras mesas técnicas de diálogo con la finalidad de obtener los aportes desde las entidades públicas y privadas. Se cuenta con un primer borrador de reforma. 2022.- Se realiza una ampliación de tiempo para la participación de organizaciones de la sociedad civil, federaciones, asociaciones de y para personas con discapacidad. Así como se incluye al nivel territorial de los servicios a nivel nacional y se convoca a 580 organizaciones las cuales participan 271 entidades de hecho y de derecho, entidades públicas y privadas, personas con discapacidad y sus familias. 2023.- Se genera la metodología para la revisión, análisis y consolidación de aportes recabados. Se cuenta con un segundo borrador de propuesta de reforma.
Se valora especialmente el cambio de paradigma del "enfoque rehabilitador" hacia el "enfoque social y de vida independiente", lo cual alinea a Ecuador con los estándares más exigentes del Sistema Interamericano.Consolidación del Voto en Casa: Lo que en informes anteriores se presentaba como planes piloto, hoy es un programa nacional consolidado con cobertura en las 24 provincias, garantizando el derecho al sufragio incluso en contextos de movilidad reducida.Cultura de…
Leer el pasaje completo
Se valora especialmente el cambio de paradigma del "enfoque rehabilitador" hacia el "enfoque social y de vida independiente", lo cual alinea a Ecuador con los estándares más exigentes del Sistema Interamericano.Consolidación del Voto en Casa: Lo que en informes anteriores se presentaba como planes piloto, hoy es un programa nacional consolidado con cobertura en las 24 provincias, garantizando el derecho al sufragio incluso en contextos de movilidad reducida.Cultura de Rendición de Cuentas: El incremento sustancial en el número de participantes en eventos de deliberación pública (pasando de 5.2 millones en 2020 a más de 11.8 millones en 2021) refleja un fortalecimiento del tejido democrático, donde las personas con discapacidad son parte integral del escrutinio público.
El informe remitido por el Estado ecuatoriano destaca por su transparencia, al identificar periodos (2020-2022) donde la desagregación de datos específicos sobre personas con discapacidad en procesos de capacitación ciudadana aún estaba en fase de implementación.Los datos electorales son excepcionalmente detallados, permitiendo trazar una línea de tiempo clara sobre el uso de mecanismos de accesibilidad (plantillas Braille, Voto en Casa, etc.).Se observa que, si bien el…
Leer el pasaje completo
El informe remitido por el Estado ecuatoriano destaca por su transparencia, al identificar periodos (2020-2022) donde la desagregación de datos específicos sobre personas con discapacidad en procesos de capacitación ciudadana aún estaba en fase de implementación.Los datos electorales son excepcionalmente detallados, permitiendo trazar una línea de tiempo clara sobre el uso de mecanismos de accesibilidad (plantillas Braille, Voto en Casa, etc.).Se observa que, si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha iniciado una recolección de datos robusta a partir de 2023, la ausencia de datos desagregados por género y etnia en los indicadores de capacitación ciudadana limita la posibilidad de evaluar la interseccionalidad en la participación social.
Si bien existen lineamientos para los GAD, asegurar que los Presupuestos Participativos locales cuenten con una presencia vinculante de organizaciones de personas con discapacidad sigue siendo una meta por alcanzar.
Persiste el reto de reportar la participación específica de mujeres con discapacidad y personas de pueblos y nacionalidades en los espacios de formación ciudadana.
El principal desafío técnico reside en estandarizar la captura de datos desagregados en los procesos de capacitación ciudadana (CPCCS) para que los años venideros mantengan la calidad informativa iniciada en 2023.
Mantener y ampliar el repositorio de información electoral accesible (lengua de señas y subtítulos), asegurando que los enlaces de las plataformas sociales sean permanentes y de fácil navegación.
Más allá del ejercicio del voto, se recomienda incentivar programas de formación para que las personas con discapacidad opten por cargos de elección popular, fortaleciendo su representación directa.
Se sugiere fortalecer los sistemas informáticos del CPCCS para que la variable "discapacidad" y "género" sean obligatorias y transversales en todos sus reportes de capacitación y veedurías.
Continuar con el proceso de revisión jurídica de la Reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades, asegurando que los aportes de las 271 entidades consultadas se vean reflejados en el texto final.
Evaluación de pares Informe oficial
El acceso a programas de bienestar y seguridad social, incluida la familia, y a las políticas de reducción de la pobreza.
100 %
Personas Con Discapacidad
urbana · indígena
Tabla del informe
16,11 %
Personas Adultos Mayores - PEJ
urbana · indígena · adultos mayores
Tabla del informe
12,91 %
Total
% Rural PCD · urbana · indígena
Tabla del informe
12,39 %
Total
% Hombres PCD · hombres
Tabla del informe
11,1 %
Total
% PCD
Tabla del informe
10,06 %
Total
% Mujeres PCD · mujeres
Tabla del informe
10,03 %
Total
% Urbano PCD · urbana · indígena
Tabla del informe
2,01 %
Protección Especial
urbana · indígena
Tabla del informe
Y 904 datos más en este eje.
Decreto Ejecutivo 405. Decreto Ejecutivo 681. Ley Orgánica De Vivienda de Interés Social (LOVIS). Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2020-0011-A Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2022-0011-A Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0023-A. Estos Acuerdos regulan el acceso a los subsidios e incentivos para vivienda. El Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas otorga créditos hipotecarios para vivienda inicial a través del Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas (FONIFA), que fue creado en…
Leer el pasaje completo
Decreto Ejecutivo 405. Decreto Ejecutivo 681. Ley Orgánica De Vivienda de Interés Social (LOVIS). Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2020-0011-A Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2022-0011-A Acuerdo Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0023-A. Estos Acuerdos regulan el acceso a los subsidios e incentivos para vivienda. El Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas otorga créditos hipotecarios para vivienda inicial a través del Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas (FONIFA), que fue creado en enero de 1996, para que el personal militar acceda a su primera vivienda. El FONIFA, está regulado por su reglamento específico, cuyas disposiciones atañen de manera directa a los miembros de Fuerzas Armadas en servicio activo y excepcionalmente a aquellos que no han hecho uso de este servicio social y se han mantenido como socios del fondo.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA. Durante el 2023 fueron participes del programa de atención a personas con discapacidad ISSFA, 607 asegurados, correspondiente al 26,64 % de la población total. 607/2278 X 100 = 26.64% Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional - ISSPOL El ISSPOL no cuenta con programas públicos de bienestar social ya que no es de su competencia, sino de cobertura para seguridad social policial, por lo que su…
Leer el pasaje completo
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA. Durante el 2023 fueron participes del programa de atención a personas con discapacidad ISSFA, 607 asegurados, correspondiente al 26,64 % de la población total. 607/2278 X 100 = 26.64% Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional - ISSPOL El ISSPOL no cuenta con programas públicos de bienestar social ya que no es de su competencia, sino de cobertura para seguridad social policial, por lo que su grupo objetivo o campo de acción es cerrado y dirigido solo a sus afiliados y derechohabientes. Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES Durante el período 2020 – 2023 se atendió un total de 78.840 usuarios con discapacidad de 17,275.780 usuarios atendidos en los 79 Centros de Atención Universal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional; es decir el 0.46%.
El equipo evaluador observa que el Estado ecuatoriano cuenta con un andamiaje normativo e institucional robusto en materia de desarrollo, bienestar e inclusión social de las personas con discapacidad. Se destaca la existencia de programas de protección social, transferencias monetarias, servicios de cuidado, atención domiciliaria y comunitaria, así como mecanismos específicos para la reducción de la pobreza y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. No obstante,…
Leer el pasaje completo
El equipo evaluador observa que el Estado ecuatoriano cuenta con un andamiaje normativo e institucional robusto en materia de desarrollo, bienestar e inclusión social de las personas con discapacidad. Se destaca la existencia de programas de protección social, transferencias monetarias, servicios de cuidado, atención domiciliaria y comunitaria, así como mecanismos específicos para la reducción de la pobreza y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. No obstante, la calidad de la política pública se ve condicionada por limitaciones en la cobertura efectiva, la sostenibilidad financiera y la articulación interinstitucional, lo que incide en que los beneficios no siempre se traduzcan en mejoras estructurales y sostenidas en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Se identifica avances sustantivos en la consolidación del enfoque de protección social dirigido a las personas con discapacidad, particularmente en el fortalecimiento de programas orientados al desarrollo, bienestar e inclusión social.Se destacan como programas y acciones relevantes, la ampliación y formalización de los servicios de atención en el hogar y la comunidad, los centros diurnos, los centros de referencia y acogida, así como la continuidad de los programas de…
Leer el pasaje completo
Se identifica avances sustantivos en la consolidación del enfoque de protección social dirigido a las personas con discapacidad, particularmente en el fortalecimiento de programas orientados al desarrollo, bienestar e inclusión social.Se destacan como programas y acciones relevantes, la ampliación y formalización de los servicios de atención en el hogar y la comunidad, los centros diurnos, los centros de referencia y acogida, así como la continuidad de los programas de transferencias monetarias y apoyos económicos dirigidos a personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema.
5. Débil coordinación territorial e intercultural, particularmente en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso, donde las barreras geográficas, culturales y administrativas limitan la llegada efectiva de los servicios de desarrollo y bienestar, reduciendo el impacto de la política pública en los territorios con mayores niveles de exclusión.
4. Insuficiente integración de la perspectiva de autonomía e inclusión comunitaria dentro de los programas de bienestar social, los cuales continúan priorizando esquemas asistenciales, con escasa incorporación de estrategias orientadas a la vida independiente, la participación social activa y el fortalecimiento de capacidades de las personas con discapacidad.
3. Limitada sostenibilidad financiera de los programas sociales dirigidos a personas con discapacidad, lo que genera incertidumbre sobre su continuidad, ampliación y capacidad de respuesta frente a contextos de crisis económicas, sanitarias o emergencias, afectando especialmente a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.
2. Persiste la necesidad de fortalecer la articulación entre protección social, empleo, educación y salud, a fin de avanzar hacia modelos de inclusión social más integrales y sostenibles. Adicionalmente, se requieren mejoras en los sistemas de información y seguimiento para evaluar el impacto real de los programas en la autonomía, la inclusión comunitaria y la reducción de desigualdades estructurales.
Entre los principales desafíos, el equipo evaluador identifica la alta incidencia de pobreza y pobreza extrema en los hogares con personas con discapacidad, así como la dependencia de transferencias monetarias como principal mecanismo de protección.
8. Consolidar los sistemas de información, monitoreo y evaluación, incorporando indicadores de impacto que permitan medir no solo la cobertura, sino también los resultados en términos de reducción de pobreza, autonomía, inclusión social y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
7. Fortalecer la cobertura territorial e intercultural de los programas de bienestar, mediante estrategias diferenciadas para zonas rurales, comunidades indígenas y territorios de difícil acceso, asegurando la pertinencia cultural y la accesibilidad efectiva de los servicios.
5. Transitar progresivamente de un enfoque asistencial hacia modelos de inclusión social y autonomía, incorporando estrategias de vida independiente, fortalecimiento de capacidades, inclusión comunitaria y corresponsabilidad familiar, que promuevan la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad.
3. Propiciar mejores condiciones para el financiamiento de las viviendas de las personas con discapacidad y sus familias.
6. Mejorar la articulación interinstitucional y multisectorial entre los sistemas de protección social, empleo, educación, salud y vivienda, a fin de garantizar respuestas integrales que aborden de manera simultánea las múltiples dimensiones de la exclusión social que enfrentan las personas con discapacidad.
4. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de protección social dirigido a las personas con discapacidad, asegurando asignaciones presupuestarias estables y previsibles que permitan la continuidad, ampliación y mejora de los programas de desarrollo y bienestar, especialmente en contextos de crisis o emergencias.
2. Mejorar los mecanismos de focalización, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo y bienestar dirigidos a personas con discapacidad.
Avanzar hacia estrategias de inclusión productiva y generación de autonomía, complementarias a las transferencias monetarias.
Evaluación de pares Informe oficial
La participación en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que incluye la meta 16 de la política 2.8, en el objetivo 2, que establece: “Mantener el número de medallas que se obtendrán en el ciclo Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico en 148 al 2025” Plan Estratégico Institucional 2022-2025 del Ministerio del Deporte Plan de Alto Rendimiento (PAR) que incluye a deportistas con discapacidad Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025", que incluye actividades en el ámbito…
Leer el pasaje completo
Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que incluye la meta 16 de la política 2.8, en el objetivo 2, que establece: “Mantener el número de medallas que se obtendrán en el ciclo Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico en 148 al 2025” Plan Estratégico Institucional 2022-2025 del Ministerio del Deporte Plan de Alto Rendimiento (PAR) que incluye a deportistas con discapacidad Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025", que incluye actividades en el ámbito de la discapacidad. Plan Operativo Anual de gasto corriente del Ministerio del Deporte (transferencias a Organismos Deportivos, que incluye organismos deportivos de personas con discapacidad) Protocolo de actuación frente casos de violencia de género en el sistema deportivo.
Norma técnica para la aplicación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno para acceder a la deducibilidad de hasta el 150% adicional por patrocinio de propuestas culturales, mediante Acuerdo Ministerial MCYP-MCYP-2024-0015-A el codificado. 2. Con el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación se socializó a 27 agrupaciones de personas a nivel nacional sobre “líneas de fomento en la asignación de fondos concursables 2023”. Así también se socializó a 27…
Leer el pasaje completo
Norma técnica para la aplicación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno para acceder a la deducibilidad de hasta el 150% adicional por patrocinio de propuestas culturales, mediante Acuerdo Ministerial MCYP-MCYP-2024-0015-A el codificado. 2. Con el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación se socializó a 27 agrupaciones de personas a nivel nacional sobre “líneas de fomento en la asignación de fondos concursables 2023”. Así también se socializó a 27 agrupaciones de personas con discapacidad sobre el “Programa Camino a Loja”. 3. Se ejecutó con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, dos jornadas de capacitación en Guayas y Pichincha dirigido a personas con discapacidad sobre “Derechos de autor”. 4.
Inclusión de ejes de trabajo intersectorial que vinculan turismo, deporte y cultura con la inclusión de personas con discapacidad en la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021-2025, lo cual permite visibilizar el enfoque de participación desde una perspectiva pública más integral. Resultado general: Se advierten avances cualitativos sobre 2019, en la formalización institucional del compromiso con esta meta y en el reporte de actividades específicas que…
Leer el pasaje completo
Inclusión de ejes de trabajo intersectorial que vinculan turismo, deporte y cultura con la inclusión de personas con discapacidad en la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021-2025, lo cual permite visibilizar el enfoque de participación desde una perspectiva pública más integral. Resultado general: Se advierten avances cualitativos sobre 2019, en la formalización institucional del compromiso con esta meta y en el reporte de actividades específicas que favorecen la participación inclusiva
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que: La participación efectiva de personas con discapacidad en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas sigue enfrentando barreras estructurales (falta de accesibilidad en espacios, transporte o servicios), así como barreras actitudinales.La información disponible suele enfocarse más en acciones puntuales que en una estrategia integral que involucre a las propias personas con discapacidad en la…
Leer el pasaje completo
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que: La participación efectiva de personas con discapacidad en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas sigue enfrentando barreras estructurales (falta de accesibilidad en espacios, transporte o servicios), así como barreras actitudinales.La información disponible suele enfocarse más en acciones puntuales que en una estrategia integral que involucre a las propias personas con discapacidad en la planificación y ejecución de dichas actividades. Existe una demanda expresada por las organizaciones para que las políticas públicas asignen recursos específicos y mecanismos vinculantes para garantizar la participación en igualdad de condiciones. (Puntos comunes observados en análisis de contexto de participación cultural y barreras en la región y Ecuador)
Accesibilidad física y comunicacional: Persisten barreras en infraestructura y comunicación que limitan el acceso pleno de personas con discapacidad a instalaciones culturales, deportivas o recreativas. Información y datos desagregados: La falta de datos sistematizados y desagregados sobre participación efectiva y niveles de igualdad de condiciones dificulta medir el impacto real de las políticas e iniciativas. Sostenibilidad de programas: Algunos programas están vinculados a eventos puntuales, más que a políticas estructuradas con continuidad y financiamiento sostenido. Sensibilización y capacitación: Requiere intensificarse la formación de facilitadores, organizadores culturales y recreativos para asegurar que las actividades sean verdaderamente inclusivas y accesibles
Fortalecer indicadores cuantitativos que permitan medir la participación real de personas con discapacidad en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas (no solo la existencia de acciones). Asignar financiamiento específico y continuo para programas inclusivos con enfoque de igualdad de condiciones. Desarrollar estrategias de accesibilidad universal que incluyan adaptaciones físicas, tecnológicas y comunicacionales en todos los espacios donde se realizan actividades culturales y deportivas. Impulsar campañas de sensibilización con liderazgo de personas con discapacidad que fomenten la percepción social de participación plena y sin barreras. Fomentar alianzas con organizaciones sociales, sector privado y medios de comunicación para visibilizar logros y retos de la participación inclusiva.
Evaluación de pares Informe oficial
La posibilidad real de acudir al sistema de justicia para resolver conflictos y reclamar derechos, con eficiencia, prontitud, transparencia e imparcialidad.
2.023 personas
2 · Curso de técnicas de redacción en el proceso de recepción
Año · 2023 · 2023
Tabla del informe
2.023 personas
3 · Estrategias de orientación al servicio
Año · 2023 · 2023
Tabla del informe
2.023 personas
4 · Mejoramiento continuo y gestión del cambio en el sector público
Año · 2023 · 2023
Tabla del informe
171 personas
2 · Curso de técnicas de redacción en el proceso de recepción
186
Tabla del informe
126 personas
3 · Estrategias de orientación al servicio
186
Tabla del informe
78 personas
4 · Mejoramiento continuo y gestión del cambio en el sector público
186
Tabla del informe
32 personas
1 · Primer
Participantes
Tabla del informe
30 personas
1 · Primer
Participantes
Tabla del informe
Y 4 datos más en este eje.
¿Qué es un delito penal? 7. ¿Quién es un procesado? 8. Fase de Investigación previa 9. Fase de Instrucción fiscal 10. ¿Qué es la audiencia de vinculación? 11. Fase de evaluación y preparatoria de juicio 12. Juicio 13. Atribuciones de la Fiscalía 14. Medidas cautelares 15. Principio de presunción de inocencia 16. Sitio inclusivo de la Fiscalía Estadísticas del sitio web: 1. Código de seguimiento: UA-127196211 Del 31 de enero (fecha de lanzamiento) al 30 de junio de 2023, se…
Leer el pasaje completo
¿Qué es un delito penal? 7. ¿Quién es un procesado? 8. Fase de Investigación previa 9. Fase de Instrucción fiscal 10. ¿Qué es la audiencia de vinculación? 11. Fase de evaluación y preparatoria de juicio 12. Juicio 13. Atribuciones de la Fiscalía 14. Medidas cautelares 15. Principio de presunción de inocencia 16. Sitio inclusivo de la Fiscalía Estadísticas del sitio web: 1. Código de seguimiento: UA-127196211 Del 31 de enero (fecha de lanzamiento) al 30 de junio de 2023, se registraron 85.526 visitas en el sitio web accesible. 1. Código de seguimiento: GA4-339436722 Del 01 de julio de 2023 al 10 de abril de 2024, se registraron 27.569 visitas en el sitio web accesible. En total se registraron 113.095 visitas en el sitio web accesible, entre el 31 de enero de 2023 y 10 de abril de 2024.
Es importante el asentimiento del menor de edad en todas las cuestiones correspondientes al proceso en su calidad de víctima, en atención al principio de participación, especialmente cuando se trate de menores con discapacidad y que no puedan por si solos, dar su consentimiento informado, se les deberá explicar de forma clara las implicaciones del proceso a fin de que puedan asentir y en ese caso el consentimiento lo suscribirá su representante. --- [1] Memorando Nro.…
Leer el pasaje completo
Es importante el asentimiento del menor de edad en todas las cuestiones correspondientes al proceso en su calidad de víctima, en atención al principio de participación, especialmente cuando se trate de menores con discapacidad y que no puedan por si solos, dar su consentimiento informado, se les deberá explicar de forma clara las implicaciones del proceso a fin de que puedan asentir y en ese caso el consentimiento lo suscribirá su representante. --- [1] Memorando Nro. FGE-CGGC-2022-00032-M de fecha 17 de enero de 2022; Memorando Nro. FGE-CGGC-2022-00026-M y Memorando Nro. FGE-CGGC-DPC-2022-00031-M de fecha 18 de enero de 2022.
En comparación con el tercer informe de cumplimiento (2019), el equipo evaluador identifica avances en el fortalecimiento del marco normativo y de las garantías formales de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Se observa una mayor incorporación del enfoque de derechos humanos y no discriminación en la normativa judicial, así como el reconocimiento explícito de la obligación de realizar ajustes razonables y medidas de accesibilidad dentro de los…
Leer el pasaje completo
En comparación con el tercer informe de cumplimiento (2019), el equipo evaluador identifica avances en el fortalecimiento del marco normativo y de las garantías formales de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Se observa una mayor incorporación del enfoque de derechos humanos y no discriminación en la normativa judicial, así como el reconocimiento explícito de la obligación de realizar ajustes razonables y medidas de accesibilidad dentro de los procedimientos judiciales.Entre los progresos relevantes, se destaca el fortalecimiento institucional del sistema de justicia en materia de protección de derechos, así como la incorporación de disposiciones orientadas a la atención prioritaria de personas en situación de vulnerabilidad.
La sociedad civil reconoce los avances normativos existentes; sin embargo, señala que las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras estructurales y procedimentales para acceder plenamente a la justicia. Entre las principales preocupaciones se mencionan la falta de intérpretes de lengua de señas, formatos accesibles, apoyos para la toma de decisiones y comprensión de los procesos judiciales, así como prácticas que tienden a desconocer la capacidad jurídica de…
Leer el pasaje completo
La sociedad civil reconoce los avances normativos existentes; sin embargo, señala que las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras estructurales y procedimentales para acceder plenamente a la justicia. Entre las principales preocupaciones se mencionan la falta de intérpretes de lengua de señas, formatos accesibles, apoyos para la toma de decisiones y comprensión de los procesos judiciales, así como prácticas que tienden a desconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial.
6. Escasa articulación entre el sistema de justicia y otros sistemas de protección, como salud, protección social y atención a víctimas, lo que afecta la respuesta integral en casos que involucran múltiples vulneraciones de derechos, particularmente en situaciones de violencia, abuso o discriminación
5. insuficiente sistematización y disponibilidad de datos desagregados sobre personas con discapacidad usuarias del sistema de justicia, lo que limita el análisis de brechas, la medición de resultados y la formulación de políticas basadas en evidencia.
4. Débil cobertura territorial de los servicios de justicia accesible, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios de difícil acceso, donde las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para denunciar, acceder a asesoría legal o participar en procesos judiciales.
3. La falta de capacitación sistemática y especializada del personal judicial en derechos de las personas con discapacidad, ajustes razonables y trato adecuado.
2. La persistencia de prácticas que restringen o desconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos.
Desafíos La insuficiente accesibilidad comunicacional y procedimental en los órganos del sistema de justicia, incluyendo la limitada disponibilidad de intérpretes, apoyos y formatos accesibles.
6. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional, que articulen al sistema de justicia con los sectores de salud, protección social y atención a víctimas, asegurando respuestas integrales y oportunas frente a vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad.
5. Desarrollar y consolidar sistemas de información judicial con enfoque de discapacidad, incorporando variables desagregadas que permitan monitorear el acceso, la participación y los resultados de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
4. Fortalecer la presencia territorial del sistema de justicia inclusivo, mediante estrategias diferenciadas que garanticen el acceso efectivo a servicios judiciales accesibles en zonas rurales, comunidades indígenas y contextos de vulnerabilidad.
3. Asegurar el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. Desarrollar e institucionalizar programas permanentes de capacitación para operadores de justicia en derechos humanos y discapacidad.
Fortalecer la implementación efectiva de ajustes razonables y medidas de accesibilidad universal en todas las etapas de los procesos judiciales. Garantizando la disponibilidad de apoyos especializados, incluyendo intérpretes de lengua de señas, formatos accesibles y mecanismos de apoyo a la toma de decisiones.
Evaluación de pares Informe oficial
El derecho a vivir sin violencia, incluidas la explotación, el abuso y el maltrato.
Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado, en el marco de sus competencias investiga pre-procesal y procesal penal delitos de violencia basadas en género establecidos en el COIP, de manera objetiva, técnica, con enfoque interseccional de género y sensible al trauma. Por ello, en el marco de sus competencias ha desarrollado varias herramientas al amparo de estándares internacionales y nacionales, como lineamientos internos para el cumplimiento del personal agentes fiscales…
Leer el pasaje completo
Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado, en el marco de sus competencias investiga pre-procesal y procesal penal delitos de violencia basadas en género establecidos en el COIP, de manera objetiva, técnica, con enfoque interseccional de género y sensible al trauma. Por ello, en el marco de sus competencias ha desarrollado varias herramientas al amparo de estándares internacionales y nacionales, como lineamientos internos para el cumplimiento del personal agentes fiscales a nivel nacional, visualizadas en el link https://www.fiscalia.gob.ec/politicas-y-directrices-institucionales/: 1. Directriz Nro. FGE-DDHPC-D-001-2023, para la no revictimización en casos de violencia basada en género, establece buenas prácticas durante el proceso preprocesal y procesal para garantizar los derechos de las víctimas y evitar su revictimización. 2. Directriz No.
Intervención del Equipo de Género en casos de conmoción social: la inclusión de un equipo técnico especializado con impacto a nivel nacional fue una medida necesaria para abordar las desigualdades estructurales y promover un acceso equitativo y efectivo a la justicia para todas las personas, independientemente de su género o condición. Este equipo proporciona el apoyo y acompañamiento necesario para superar los obstáculos y sesgos existentes dentro del sistema judicial, y…
Leer el pasaje completo
Intervención del Equipo de Género en casos de conmoción social: la inclusión de un equipo técnico especializado con impacto a nivel nacional fue una medida necesaria para abordar las desigualdades estructurales y promover un acceso equitativo y efectivo a la justicia para todas las personas, independientemente de su género o condición. Este equipo proporciona el apoyo y acompañamiento necesario para superar los obstáculos y sesgos existentes dentro del sistema judicial, y asegurar que las necesidades específicas de las personas con discapacidad sean atendidas de manera integral y respetuosa. 1. Acompañamiento al personal fiscal: en aplicación del enfoque centrado en la víctima (sobreviviente), el equipo de género brinda seguimiento especializado y permanente a los casos VBG y/o discriminación de conmoción social.
En comparación con el tercer informe de cumplimiento (2019), identificamos avances en la consolidación del marco legal y de las políticas públicas orientadas a una vida libre de violencia, con una mayor incorporación del enfoque de derechos humanos, género y atención prioritaria. Se destacan como progresos relevantes la implementación de protocolos de actuación frente a la violencia, la ampliación de servicios de atención integral a víctimas y el fortalecimiento de…
Leer el pasaje completo
En comparación con el tercer informe de cumplimiento (2019), identificamos avances en la consolidación del marco legal y de las políticas públicas orientadas a una vida libre de violencia, con una mayor incorporación del enfoque de derechos humanos, género y atención prioritaria. Se destacan como progresos relevantes la implementación de protocolos de actuación frente a la violencia, la ampliación de servicios de atención integral a víctimas y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.Entre los resultados favorables registrados, se observa una mayor visibilización de la violencia contra personas con discapacidad dentro de la agenda pública, así como el reconocimiento de la interseccionalidad entre discapacidad, género, edad y condición socioeconómica.
Ecuador cuenta con un marco normativo amplio y especializado para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, que incorpora de manera explícita a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria. Se identifican disposiciones constitucionales, leyes específicas contra la violencia, en particular hacia mujeres y niñas, protocolos de actuación interinstitucional y servicios de protección orientados a víctimas. No obstante, la calidad de la…
Leer el pasaje completo
Ecuador cuenta con un marco normativo amplio y especializado para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, que incorpora de manera explícita a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria. Se identifican disposiciones constitucionales, leyes específicas contra la violencia, en particular hacia mujeres y niñas, protocolos de actuación interinstitucional y servicios de protección orientados a víctimas. No obstante, la calidad de la respuesta institucional se ve afectada por brechas en la accesibilidad de los servicios, la especialización del personal y la adaptación de los mecanismos de denuncia y protección a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual, psicosocial y sensorial
9. Promover la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de vida libre de violencia, en concordancia con el principio de “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
8. Integrar de forma transversal el enfoque de discapacidad en las políticas de prevención de la violencia de género, asegurando respuestas adecuadas a las múltiples formas de discriminación que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad.
7. Diseñar e implementar programas de prevención específicos, dirigidos a personas con discapacidad, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas en situación de alta dependencia, fortaleciendo el empoderamiento y el conocimiento de derechos.
6. Incorporar de manera explícita la prevención y erradicación de la violencia institucional dentro de las políticas públicas, protocolos de actuación y programas de capacitación de los servicios involucrados.
5. Adecuar integralmente los servicios de acogida, protección y atención a víctimas, garantizando condiciones de accesibilidad universal, apoyos especializados y atención diferenciada para personas con discapacidad.
4. Reforzar la coordinación interinstitucional y territorial, garantizando rutas de atención integrales, continuas y culturalmente pertinentes, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
3. Implementar sistemas de información y registro desagregados, que permitan identificar, monitorear y evaluar la violencia contra personas con discapacidad desde un enfoque interseccional.
2. Desarrollar programas permanentes de capacitación especializada para el personal de los sistemas de protección, justicia, salud y servicios sociales en violencia y discapacidad.
Fortalecer la accesibilidad universal de los servicios de denuncia y atención, incorporando formatos accesibles, apoyos comunicacionales e intérpretes cuando corresponda.
4. Limitada adecuación de los servicios de acogida y protección (casas de acogida, refugios temporales) a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, particularmente en términos de accesibilidad física, apoyos comunicacionales y acompañamiento especializado.
2. Insuficiente especialización del personal encargado de la atención a víctimas de violencia en materia de discapacidad, ajustes razonables y comunicación accesible.
8. El Estado presenta avances normativos e institucionales relevantes en la prevención y atención de la violencia; sin embargo, las brechas en accesibilidad, especialización e implementación efectiva limitan el logro pleno de una vida libre de violencia para las personas con discapacidad, conforme a la meta ideal de la CIADDIS-PAD.
7. Débil incorporación del enfoque de discapacidad en las políticas y programas de prevención de la violencia de género, lo que limita la atención adecuada de mujeres y niñas con discapacidad en situación de violencia múltiple e interseccional. Escasa participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas orientados a garantizar una vida libre de violencia.
6. Falta de estrategias preventivas específicas dirigidas a personas con discapacidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, que aborden factores de riesgo asociados a la dependencia, el aislamiento y la exclusión social.
5. Insuficiente abordaje de la violencia institucional, incluyendo prácticas discriminatorias o revictimizantes en los servicios de atención, salud, protección social y justicia, que desincentivan la denuncia y la continuidad de los procesos de protección.
3. Sub registro de casos de violencia contra personas con discapacidad, debido al miedo, la dependencia, la normalización de la violencia y la falta de sistemas de información desagregados.
Barreras de accesibilidad en los mecanismos de denuncia, atención y protección, que limitan el acceso efectivo de las personas con discapacidad a una respuesta oportuna y adecuada.
Evaluación de pares Informe oficial
La inclusión de la discapacidad en la gestión del riesgo de desastres, la respuesta a emergencias y los planes de recuperación.
Fruto del curso 1 se elaboran cinco (5) planes de acción de corto plazo (1 año: de enero a diciembre de 2022). Curso 2, desarrollado de manera virtual desde cada uno de los cantones, en el mes de diciembre de 2022, se amplía la participación a 22 personas. Fruto del segundo curso, se desarrolla un borrador de plan de acción de largo alcance, para cinco (5) años: 2023 al 2027. 2023.- Curso 3, desarrollado de manera presencial en Japón, el mes de septiembre de 2023, se efectúa…
Leer el pasaje completo
Fruto del curso 1 se elaboran cinco (5) planes de acción de corto plazo (1 año: de enero a diciembre de 2022). Curso 2, desarrollado de manera virtual desde cada uno de los cantones, en el mes de diciembre de 2022, se amplía la participación a 22 personas. Fruto del segundo curso, se desarrolla un borrador de plan de acción de largo alcance, para cinco (5) años: 2023 al 2027. 2023.- Curso 3, desarrollado de manera presencial en Japón, el mes de septiembre de 2023, se efectúa el intercambio de conocimientos entre Ecuador y Japón en materia de gestión de riesgos e inclusión social.
Gestión Inclusiva de Riesgos enfocados a la Persona con Discapacidad en la Comunidad Los Gobiernos del Japón y del Ecuador, mediante memorandos de entendimiento, mantienen un Acuerdo de Cooperación Técnica, que a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA y el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, coordinan acciones, para el curso con enfoque país denominado: “Desarrollo de capacidades para la Gestión Inclusiva de Riesgos enfocados a la…
Leer el pasaje completo
Gestión Inclusiva de Riesgos enfocados a la Persona con Discapacidad en la Comunidad Los Gobiernos del Japón y del Ecuador, mediante memorandos de entendimiento, mantienen un Acuerdo de Cooperación Técnica, que a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA y el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, coordinan acciones, para el curso con enfoque país denominado: “Desarrollo de capacidades para la Gestión Inclusiva de Riesgos enfocados a la Persona con Discapacidad en la Comunidad“. con la ejecución de este proyecto, se ha logrado georreferenciar a 611 personas con discapacidad que habitan en zonas de riesgo que habitan en cuatro provincias del país (Pichincha, Napo, Santa Elena y Tungurahua) En este contexto se han realizado las siguientes actividades: 2022.- Curso 1, desarrollado de manera virtual en la ciudad de Quito en el mes de septiembre de 2021, con 10 delegados de las instituciones mencionadas.
La información presentada es pertinente, coherente y verificable, sustentada en campañas oficiales, guías técnicas, protocolos interinstitucionales, registros administrativos y estadísticas institucionales. Se evidencia un enfoque progresivo de inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a partir de la experiencia de la pandemia por COVID-19 y del fortalecimiento del sistema nacional de gestión de riesgos.
La sociedad civil reconoce avances en materia de sensibilización, elaboración de guías inclusivas y atención a emergencias vinculadas a personas con discapacidad. No obstante, señala brechas persistentes en accesibilidad plena, especialmente en sistemas de alerta temprana, refugios temporales y herramientas de registro accesibles e interactivas para las personas con discapacidad.
Ausencia de albergues que cumplan al 100 % con los criterios de accesibilidad universal. Limitaciones del registro EVIN, el cual no es interactivo ni accesible para personas con discapacidad. Brechas en la cobertura territorial y en la estandarización de protocolos accesibles a nivel local. Necesidad de fortalecer la disponibilidad de apoyos humanos especializados (intérpretes de lengua de señas, guías intérpretes, ayudas técnicas).
Adecuar progresivamente los albergues temporales hasta alcanzar estándares completos de accesibilidad universal . Transformar el sistema EVIN en un registro accesible, interactivo y de uso voluntario para personas con discapacidad. Fortalecer los sistemas de alerta temprana accesibles (lengua de señas, subtitulado, formatos alternativos). Ampliar la capacitación continua del personal de respuesta en emergencias con enfoque en discapacidad.
Evaluación de pares Informe oficial
La cooperación internacional como apoyo a los esfuerzos nacionales, con alianzas entre Estados, sector privado y sociedad civil.
En el periodo 2020 – 2023, se realizó la contratación de la Consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del “Modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES, y sus familias”, misma que se encuentra en ejecución y que servirá para la consecución de los otros procesos que tienen previstos contratarse en la programación del proyecto. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),…
Leer el pasaje completo
En el periodo 2020 – 2023, se realizó la contratación de la Consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos del “Modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad atendidas por el MIES, y sus familias”, misma que se encuentra en ejecución y que servirá para la consecución de los otros procesos que tienen previstos contratarse en la programación del proyecto. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no cuenta con programas de cooperación internacional al desarrollo que estén dirigidos específicamente a las personas con discapacidad, ya que la cooperación oficial que llega al Ecuador, está canalizada a través del ente rector de salud. La cooperación internacional que se ha logrado gestionar de manera independiente, no ha tenido un enfoque desagregado.
Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización; 8. Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad; y, 9. Los demás que establezca el reglamento de la presente Ley. Las exenciones previstas en ese artículo no incluyen tasas por servicios aduaneros, tasas portuarias y almacenaje. En el reglamento de esta Ley se establecerán los requisitos, condiciones y…
Leer el pasaje completo
Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización; 8. Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad; y, 9. Los demás que establezca el reglamento de la presente Ley. Las exenciones previstas en ese artículo no incluyen tasas por servicios aduaneros, tasas portuarias y almacenaje. En el reglamento de esta Ley se establecerán los requisitos, condiciones y límites para la importación a que se refiere este artículo. Norma INEN ISO 9241_171 Ergonomía de la interacción Hombre-Sistema. Parte 171: Guía sobre la accesibilidad del Software INEN ISO 9241_20 Ergonomía de la interacción persona-sistema. parte 20: pautas de accesibilidad para equipos y servicios de tecnologías de información/comunicación (TIC)
No solo se enfoca en la persona con discapacidad, sino en el fortalecimiento y autocuidado de los cuidadores, abordando la discapacidad desde una visión sistémica y humana.El programa bilateral con el Gobierno de Costa Rica (CONAPDIS) para implementar Centros de Vida Independiente sitúa a Ecuador en la vanguardia del cambio de paradigma, moviéndose del modelo médico al modelo de autonomía personal.La aplicación efectiva del Art. 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que…
Leer el pasaje completo
No solo se enfoca en la persona con discapacidad, sino en el fortalecimiento y autocuidado de los cuidadores, abordando la discapacidad desde una visión sistémica y humana.El programa bilateral con el Gobierno de Costa Rica (CONAPDIS) para implementar Centros de Vida Independiente sitúa a Ecuador en la vanguardia del cambio de paradigma, moviéndose del modelo médico al modelo de autonomía personal.La aplicación efectiva del Art. 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que permite la importación de bienes tecnológicos y ayudas técnicas con exenciones arancelarias, es una "buena práctica" que garantiza que los avances tecnológicos globales lleguen directamente al usuario final sin barreras económicas.
Ecuador demuestra un avance estratégico en la sofisticación de sus alianzas internacionales:Inversión en el Cuidado: El proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de 8.7 millones de dólares es un progreso histórico.
Asegurar que los modelos de "Vida Independiente" desarrollados con cooperación técnica internacional se institucionalicen con presupuesto nacional a largo plazo.
Lograr que todas las instancias del Estado (incluidas las de seguridad social) adopten los protocolos de la Subsecretaría de Cooperación Internacional para reportar acciones con enfoque de discapacidad.
Fortalecer el enfoque de Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo (GORD) en todos los proyectos de discapacidad para asegurar que el impacto de la inversión internacional sea medible en la calidad de vida de los usuarios.
Continuar liderando foros regionales para compartir la experiencia ecuatoriana en la importación de bienes tecnológicos (Art. 74), sirviendo de modelo para otros Estados que buscan facilitar el acceso a ayudas técnicas.
Se recomienda que el IESS y el ente rector de salud fortalezcan sus unidades de cooperación internacional para diseñar proyectos específicos que atiendan la rehabilitación y prevención desde un enfoque de derechos y no solo contributivo.
Evaluación de pares Informe oficial
El derecho a tomar las propias decisiones y a que la ley las reconozca, en igualdad con las demás personas.
19.699 personas
Total
Año 2019 · Causas Ingresadas · 2019
Tabla del informe
16.101 personas
Total
Año 2019 · Causas Resueltas · 2019
Tabla del informe
1.202 personas
Total
Número de causas ingresadas por interdicción en el año 2019, desagregado por materia · 2019
Tabla del informe
1.134 personas
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
Número de causas ingresadas por interdicción en el año 2019, desagregado por materia · mujeres · niñez · 2019
Tabla del informe
1.029 personas
Número de causas ingresadas por interdicción resueltas en el año 2019
1.202 · 2019
Tabla del informe
104
Bolívar
Año 2019 · Causas Ingresadas · 2019
Tabla del informe · importe en moneda local
93
Bolívar
Año 2019 · Causas Resueltas · 2019
Tabla del informe · importe en moneda local
67 personas
Civil
Número de causas ingresadas por interdicción en el año 2019, desagregado por materia · 2019
Tabla del informe
Y 39 datos más en este eje.
Así también incluyen aquellas causas que son atendidas en virtud de las competencias de las y los jueces de garantías penitenciarias, mismas que han sido señaladas en el Art. 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, que guardan concordancia con lo establecido en el Art. 72 del Código Orgánico Integral Penal. CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS GARANTÍAS PENITENCIARIAS POR PROVINCIA Provincia Año 2019 Causas Ingresadas Causas Resueltas Azuay 1.522 1.046 Bolívar 104 93 Cañar…
Leer el pasaje completo
Así también incluyen aquellas causas que son atendidas en virtud de las competencias de las y los jueces de garantías penitenciarias, mismas que han sido señaladas en el Art. 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, que guardan concordancia con lo establecido en el Art. 72 del Código Orgánico Integral Penal. CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS GARANTÍAS PENITENCIARIAS POR PROVINCIA Provincia Año 2019 Causas Ingresadas Causas Resueltas Azuay 1.522 1.046 Bolívar 104 93 Cañar 281 249 Carchi 597 547 Chimborazo 587 524 Cotopaxi 2.887 2.714 El Oro 722 496 Esmeraldas 310 305 Guayas 6.015 4.024 Imbabura 414 374 Loja 533 449 Los Rios 515 513 Manabí 1.531 1.336 Morona Santiago 104 96 Napo 247 213 Pichincha 1.206 1.171 Santa Elena - - Santo Domingo De Los Tsáchilas 965 862 Sucumbíos 408 383 Tungurahua 750 706 Zamora Chinchipe 1 - TOTAL19.699 16.101
El Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades mediante Resolución 011-CONADIS-2018, publicado en el Registro Oficial de 25 de febrero del 2019, en el cual se ratifica que las personas con discapacidad son legalmente capaces para poder celebrar actos y contratos.
En comparación con el tercer informe (2019), se identifica avances en el reconocimiento y refuerzo normativo del principio de igualdad y no discriminación como base del ejercicio de derechos, así como en el fortalecimiento de la narrativa institucional que vincula la capacidad jurídica con la protección integral de derechos de las personas con discapacidad De forma destacada, la ratificación de la capacidad legal para celebrar actos y contratos a través de la Resolución…
Leer el pasaje completo
En comparación con el tercer informe (2019), se identifica avances en el reconocimiento y refuerzo normativo del principio de igualdad y no discriminación como base del ejercicio de derechos, así como en el fortalecimiento de la narrativa institucional que vincula la capacidad jurídica con la protección integral de derechos de las personas con discapacidad De forma destacada, la ratificación de la capacidad legal para celebrar actos y contratos a través de la Resolución 011-CONADIS-2018 (RO 25/02/2019) constituye un progreso concreto en el plano institucional, al enviar un mensaje explícito de reconocimiento de capacidad frente a prácticas históricas de restricción. No obstante, el propio informe muestra que el avance no se acompaña aún de instrumentos operativos claves (apoyos/salvaguardias), lo que limita la consolidación de resultados sostenibles más allá del plano declarativo.
La base constitucional y legal del Estado ecuatoriano es favorable para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sustentada en los principios de igualdad y no discriminación, así como en disposiciones específicas que garantizan el ejercicio de derechos y la protección frente a abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad. Asimismo, se identifica un avance…
Leer el pasaje completo
La base constitucional y legal del Estado ecuatoriano es favorable para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sustentada en los principios de igualdad y no discriminación, así como en disposiciones específicas que garantizan el ejercicio de derechos y la protección frente a abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad. Asimismo, se identifica un avance institucional relevante mediante la Resolución 011-CONADIS-2018 (publicada el 25 de febrero de 2019), que ratifica que las personas con discapacidad son legalmente capaces para celebrar actos y contratos, lo que constituye un respaldo formal importante para el ejercicio de su capacidad jurídica.
2. Persistencia de mecanismos sustitutivos (interdicción/curatela) como práctica vigente, reflejada en el registro de causas de interdicción (2019).
7. Brechas de articulación interinstitucional (justicia–salud–protección social) para sostener apoyos comunitarios y salvaguardias, reduciendo la efectividad del ejercicio real de capacidad jurídica.
6. Limitada accesibilidad comunicacional y procedimental para garantizar que la persona participe, comprenda y decida en procesos donde se discute su capacidad jurídica (enfoque de apoyos).
8. Existe un reconocimiento normativo e institucional importante de la capacidad jurídica y avances formales relevantes; sin embargo, la falta de instrumentos operativos de apoyos y salvaguardias y la persistencia de mecanismos sustitutivos limitan el cumplimiento pleno de la meta establecida
5. Debilidad en mecanismos específicos y especializados de revisión/remoción centrados en interdicción/curatela, diferenciados de otros recursos generales de revisión.
4. Riesgo de aplicación desigual del reconocimiento de capacidad jurídica entre operadores y territorios, por falta de herramientas operativas estandarizadas.
3. Insuficiente información y seguimiento público sobre interdicciones y su evolución (p. ej., revocatorias y su trazabilidad), lo que dificulta medir avances reales.
Ausencia de guías/manuales/protocolos para la implementación de apoyos y salvaguardias en el ejercicio de la capacidad jurídica.
7. Fortalecer la articulación intersectorial para que los apoyos no sean solo judiciales, sino también comunitarios y sostenibles (salud mental, servicios sociales, redes de apoyo, vida independiente).
6. Garantizar ajustes razonables y accesibilidad comunicacional en procedimientos donde se discuten derechos y capacidad jurídica (lectura fácil, intérpretes, sistemas aumentativos, apoyos comunitarios).
5. Desarrollar programas permanentes de capacitación para operadores (judicatura, fiscalía, defensoría, equipos técnicos) sobre capacidad jurídica, apoyos, salvaguardias, accesibilidad y no discriminación.
4. implementar un sistema de información y reporte desagregado sobre interdicciones/curatelas (por año, género y territorio) e incluir datos de revocatorias y tiempos de trámite.
3. Establecer mecanismos especializados, accesibles y periódicos para la revisión/remoción de interdicciones/curatelas, priorizando la transición hacia decisiones con apoyo.
2. Impulsar una hoja de ruta de armonización normativa con el artículo 12 de la Convención, con metas, plazos e indicadores verificables de implementación
Diseñar, aprobar e implementar guías/protocolos nacionales para apoyos y salvaguardias (con roles, rutas, estándares mínimos y mecanismos de supervisión).
Evaluación de pares Informe oficial
Los servicios de habilitación y rehabilitación a lo largo de toda la vida, con énfasis en la primera infancia.
17 %
Total
%
Tabla del informe
17.276 personas
Total
número total de personas del país dentro de ese grupo de población que necesitan rehabilitación
Tabla del informe
2.993 personas
Total
Número de personas del país de un grupo de población específico que necesitan rehabilitación y que acceden a rehabilitación
Tabla del informe
2.993 personas
Total
Registro
Tabla del informe
291 personas
Establecimiento que cuenta con servicio de rehabilitación
Tabla del informe
291 personas
Total
Tabla del informe
246 personas
Nivel 1
Tabla del informe
169 personas
Total
Rural · urbana · indígena
Tabla del informe
Y 51 datos más en este eje.
En Ecuador hasta octubre del 2023 se cuenta con un registro de 480.776 personas con discapacidad de las cuales 215.706 corresponden a personas con discapacidad física; 112.242 discapacidad intelectual; 62.155 discapacidad auditiva; 29.668 discapacidad psicosocial; 55.478 discapacidad visual y 5.527 discapacidad de lenguaje. En este contexto, el MSP a través de la Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Paliativos coordina y ejecuta acciones para…
Leer el pasaje completo
En Ecuador hasta octubre del 2023 se cuenta con un registro de 480.776 personas con discapacidad de las cuales 215.706 corresponden a personas con discapacidad física; 112.242 discapacidad intelectual; 62.155 discapacidad auditiva; 29.668 discapacidad psicosocial; 55.478 discapacidad visual y 5.527 discapacidad de lenguaje. En este contexto, el MSP a través de la Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Paliativos coordina y ejecuta acciones para fortalecer los servicios de rehabilitación y terapia física en todos los establecimientos de salud de esta cartera de Estado. Ecuador tiene un sistema de rehabilitación en evolución y entre susfortalezas se destaca la presencia de un marco legal para larehabilitación, la implementación de políticas y programas nacionales de rehabilitación y el desarrollo de un sistema de formación para profesionales de la rehabilitación.
Por su parte, María Belén Ambuludi, estudiante de Terapia Física de la PUCE, señaló que “es importante que varias áreas de la salud trabajen en conjunto para fortalecer el área de fisioterapia, específicamente en el trabajo comunitario”. Durante el año 2022 el MSP atendió a 213.516 personas con discapacidad en los servicios de rehabilitación a nivel nacional y en el primer semestre del 2023 se registran 129.751 atenciones en los servicios de rehabilitación del país. El…
Leer el pasaje completo
Por su parte, María Belén Ambuludi, estudiante de Terapia Física de la PUCE, señaló que “es importante que varias áreas de la salud trabajen en conjunto para fortalecer el área de fisioterapia, específicamente en el trabajo comunitario”. Durante el año 2022 el MSP atendió a 213.516 personas con discapacidad en los servicios de rehabilitación a nivel nacional y en el primer semestre del 2023 se registran 129.751 atenciones en los servicios de rehabilitación del país. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública, ha fortalecido los servicios de rehabilitación en todo el territorio con la dotación de equipamiento biomédico, material lúdico y didáctico, con una inversión de $ 2.584.582,05, una iniciativa que permite fortalecer el acceso de personas con discapacidad en el Ecuador a una atención en salud integral y eficiente.
Se identificaron avances en la consolidación de la habilitación y rehabilitación como componentes estructurales del sistema de salud, con un mayor reconocimiento del enfoque de derechos y de la atención integral a lo largo del ciclo de vida. Se observa el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y la incorporación explícita de la rehabilitación como parte de los servicios dirigidos a personas con discapacidad.Entre los progresos relevantes, se destaca…
Leer el pasaje completo
Se identificaron avances en la consolidación de la habilitación y rehabilitación como componentes estructurales del sistema de salud, con un mayor reconocimiento del enfoque de derechos y de la atención integral a lo largo del ciclo de vida. Se observa el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y la incorporación explícita de la rehabilitación como parte de los servicios dirigidos a personas con discapacidad.Entre los progresos relevantes, se destaca la ampliación de servicios de rehabilitación en el primer nivel de atención, así como la articulación con programas de protección social orientados a personas con discapacidad severa y sus cuidadores.
Asimismo, se evidencia una mayor articulación entre los servicios de salud y los programas de protección social, contribuyendo a una respuesta más integral frente a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.No obstante, si bien la calidad del marco normativo, institucional y programático resulta sólida y coherente, el impacto pleno de estas acciones continúa condicionado por desigualdades territoriales, limitaciones en la continuidad de los tratamientos…
Leer el pasaje completo
Asimismo, se evidencia una mayor articulación entre los servicios de salud y los programas de protección social, contribuyendo a una respuesta más integral frente a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.No obstante, si bien la calidad del marco normativo, institucional y programático resulta sólida y coherente, el impacto pleno de estas acciones continúa condicionado por desigualdades territoriales, limitaciones en la continuidad de los tratamientos y brechas en la disponibilidad de servicios especializados, aspectos que requieren ser fortalecidos para consolidar de manera homogénea los avances alcanzados a nivel nacional.
7. El Estado presenta avances normativos y programáticos en habilitación y rehabilitación; sin embargo, las brechas de cobertura, continuidad y articulación limitan el cumplimiento pleno de la meta ideal establecida.
6. Débil articulación entre los servicios de rehabilitación, protección social, educación y empleo, lo que reduce el impacto integral de la habilitación en la inclusión social y la autonomía.
5. Limitado acceso a ayudas técnicas, tecnologías de apoyo y dispositivos de rehabilitación, especialmente para personas en situación de pobreza.
4. Escasez de profesionales especializados en rehabilitación física, psicosocial, intelectual y sensorial, así como de equipos interdisciplinarios.
3. Discontinuidad de los procesos de rehabilitación, asociada a listas de espera, rotación de personal y limitaciones presupuestarias.
2. Desigualdad territorial en el acceso a servicios, con mayor concentración de recursos en zonas urbanas y limitaciones significativas en áreas rurales y comunidades indígenas.
Insuficiente cobertura y capacidad instalada de los servicios de habilitación y rehabilitación, frente al volumen de personas con discapacidad que requieren atención continua y especializada.
4. Implementar sistemas de monitoreo y evaluación, con indicadores de impacto que permitan medir los resultados de la habilitación y rehabilitación en términos de autonomía, funcionalidad e inclusión social.
3. Mejorar el acceso a ayudas técnicas y tecnologías de apoyo, asegurando su provisión oportuna, mantenimiento y adaptación a las necesidades individuales. Fortalecer la articulación intersectorial, integrando la rehabilitación con políticas de educación, empleo, protección social y vida independiente.
2. Garantizar la continuidad de los procesos de rehabilitación, mediante mecanismos que reduzcan listas de espera y aseguren tratamientos oportunos y sostenidos. Incrementar la formación, contratación y retención de profesionales especializados, promoviendo equipos interdisciplinarios con enfoque en discapacidad y derechos humanos.
Fortalecer la capacidad instalada y la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación, priorizando la ampliación en el primer nivel de atención y en territorios con mayores brechas de acceso.
Evaluación de pares Informe oficial
El derecho a vivir en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir, y contar con servicios de asistencia domiciliaria y apoyo comunitario.
La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 - 2025, dentro del Eje de Protección Integral y Seguridad Social, se define el objetivo: Generar acciones de coordinación vinculadas a la autonomía, vida independiente para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad; y, Política Pública: Promover la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad, para su inclusión social; en este contexto se ha desarrollado la Norma Técnica para la…
Leer el pasaje completo
La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 - 2025, dentro del Eje de Protección Integral y Seguridad Social, se define el objetivo: Generar acciones de coordinación vinculadas a la autonomía, vida independiente para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad; y, Política Pública: Promover la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad, para su inclusión social; en este contexto se ha desarrollado la Norma Técnica para la implementación de Centros de Vida Independiente para personas con discapacidad que incluye todos los servicios, a través de Convenios de Cooperación entre el MIES con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Salinas, Provincia de Santa Elena.
Centros Diurnos.- es una modalidad intramural la cual funciona en un horario de atención de 8 horas diarias para usuarios/as de los servicios, busca fortalecer, desarrollar, mantener, potenciar las habilidades, capacidades y destrezas de la persona con discapacidad, así como fomentar la participación activa de la familia y de la comunidad. Usuarios atendidos a través de esta modalidad 1.001 a abril 2024. . Centro de Referencia y Acogida Inclusivo.- es una modalidad…
Leer el pasaje completo
Centros Diurnos.- es una modalidad intramural la cual funciona en un horario de atención de 8 horas diarias para usuarios/as de los servicios, busca fortalecer, desarrollar, mantener, potenciar las habilidades, capacidades y destrezas de la persona con discapacidad, así como fomentar la participación activa de la familia y de la comunidad. Usuarios atendidos a través de esta modalidad 1.001 a abril 2024. . Centro de Referencia y Acogida Inclusivo.- es una modalidad intramural creado, para acoger a usuarios/as privadas de su medio familiar y que requieren de acogimiento institucional, como una medida permanente, transitoria o emergente, en aquellos casos en que se haya agotado todas las medidas previas para que la familia asuma su corresponsabilidad. Usuarios atendidos a través de esta modalidad 411 a abril 2024.
Ecuador muestra una evolución significativa hacia la desinstitucionalización y el apoyo en el entorno natural de la persona:Modelo de Atención al Hogar y la Comunidad: Con 19,758 usuarios atendidos a domicilio a abril de 2024, el Estado prioriza que la persona permanezca en su entorno familiar y social, evitando el aislamiento y la institucionalización innecesaria.La existencia de Centros de Referencia y Acogida Inclusiva para casos de vulnerabilidad extrema asegura que el…
Leer el pasaje completo
Ecuador muestra una evolución significativa hacia la desinstitucionalización y el apoyo en el entorno natural de la persona:Modelo de Atención al Hogar y la Comunidad: Con 19,758 usuarios atendidos a domicilio a abril de 2024, el Estado prioriza que la persona permanezca en su entorno familiar y social, evitando el aislamiento y la institucionalización innecesaria.La existencia de Centros de Referencia y Acogida Inclusiva para casos de vulnerabilidad extrema asegura que el Estado actúe como red de última instancia, garantizando la dignidad incluso en ausencia de referente familiar.Se destaca la firma de convenios con los GAD (como el caso de Salinas, Santa Elena) para la implementación de los primeros Centros de Vida Independiente.
Esto representa el cumplimiento de una de las recomendaciones más recurrentes de los comités de expertos internacionales.La aplicación del Art. 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades y la Resolución de la SENAE facilitan la importación de vehículos adaptados con exenciones tributarias significativas. Este beneficio no solo es un alivio económico, sino una herramienta directa de autonomía y participación social.
Continuar con la simplificación de procesos digitales para la importación de vehículos adaptados, asegurando que los plazos de 30 días establecidos en la ley se cumplan de manera uniforme.
Dado el éxito de la modalidad domiciliaria, se sugiere evaluar el incremento de plazas en centros diurnos para fomentar la socialización y el respiro familiar.
Se recomienda avanzar en la creación de un registro o programa nacional de asistentes personales que complemente las visitas técnicas domiciliarias, permitiendo mayor libertad de movimiento a los usuarios.
Mantener la actualización constante de los albergues calificados y asegurar que el personal de primera respuesta en catástrofes esté capacitado específicamente en protocolos de evacuación accesible.
Escalabilidad de los Centros de Vida Independiente a través de la replicación del modelo piloto de Salinas en otras provincias para que el acceso a la vida independiente no dependa del lugar de residencia.
El informe de Ecuador fue evaluado por República Dominicana. De esa evaluación salieron 114 recomendaciones y desafíos. Cada uno está más arriba, dentro del eje al que corresponde, para poder leerlo junto a lo que el país reportó sobre ese tema.
Observaciones sobre la forma en que Ecuador entregó sus datos. No hablan de la política pública sino del reporte: son las que el país puede corregir por su cuenta antes del quinto ciclo.
El mismo indicador viene reportado por unos países en porcentaje y por otros en cantidad de personas. Sin la unidad, las cifras no se pueden poner una al lado de la otra.
Sugerencia: Indicar siempre si el valor es un número de personas, un porcentaje o un monto, y en qué moneda.
Las cifras escritas dentro de un párrafo no pueden compararse entre países ni seguirse entre ciclos sin volver a leerlas una por una.
Sugerencia: Cargar los valores en las casillas numéricas previstas, y usar el campo de texto para el contexto que las explica.
Un porcentaje mayor que cien indica que se cargó una cantidad donde se esperaba una proporción, o que la unidad quedó implícita.
Sugerencia: Revisar estos campos: en general basta con declarar la unidad o cambiar la casilla.
La plataforma no puede leer una tabla pegada como dato estructurado: hay que reconstruirla, y la reconstrucción puede equivocarse.
Sugerencia: Si la desagregación que se necesita no cabe en el formulario, conviene pedir a la Secretaría que la incorpore antes del próximo ciclo.
Escrito «1.628» no se puede saber si son mil seiscientos veintiocho o uno coma seis dos ocho: el punto se usa como separador de miles y como decimal en el mismo corpus.
Sugerencia: Mantener un solo criterio en todo el informe, y evitar el punto como separador de miles en cifras de cuatro dígitos.
El PAD pide los datos desagregados por sexo, tipo de discapacidad, edad y zona. Sin desagregación no se pueden ver las brechas, que es lo que el monitoreo busca.
Sugerencia: Reportar al menos por sexo y tipo de discapacidad, aun cuando la cobertura sea parcial.
Cuando todas las casillas de un indicador quedan en cero, no se puede distinguir «no hay casos» de «no se completó».
Sugerencia: Dejar en blanco lo que no se midió y reservar el cero para lo que efectivamente vale cero.