Eje 3 del Programa de Acción · II.4 · B.3
El acceso al empleo y a un trabajo digno, en el sector público y en el privado, en igualdad de condiciones.
América Latina sigue con brechas estructurales en la inclusión laboral, agravadas por la desigualdad socioeconómica, la discriminación histórica y la persistencia de barreras físicas, comunicacionales y actitudinales.
Abrir la inclusión laboral a las tecnologías digitales, la economía verde, las industrias culturales y la innovación social. Promover el empleo privado con incentivos fiscales, subsidios de contratación y teletrabajo accesible. Y políticas específicas para reducir brechas de género, prevenir la violencia económica e impulsar el emprendimiento de mujeres con discapacidad.
Lectura regional del Grupo Mixto de CEDDIS sobre el 4º ciclo.
Más arriba está lo que reportó cada país sobre este tema, tal como lo escribió. Si querés una lectura que los cruce —qué se repite, qué contrasta, dónde hay silencio— la puede generar la inteligencia artificial en este momento, a partir de esos mismos informes.
No es un texto de los Estados, del Comité ni del observatorio: lo escribe una inteligencia artificial cuando apretás el botón, y puede salir distinto cada vez. Lo que reportaron los países está más arriba, con su fuente.
| País | Datos utilizables | Pasajes | Recomendaciones | Voces |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 28 | 43 | 6 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Bolivia | 1 | 9 | 7 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Brasil | 34 | 15 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Chile | 93 | 38 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Colombia | 118 | 111 | 8 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Costa Rica | 94 | 143 | 14 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Ecuador | 32 | 19 | 7 | Evaluación de pares Informe oficial |
| El Salvador | 0 | 13 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Guatemala | 50 | 9 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| México | 133 | 29 | 5 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Panama | 55 | 22 | 1 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Paraguay | 34 | 6 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Perú | 6 | 34 | 3 | Evaluación de pares Informe oficial |
| República Dominicana | 65 | 15 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Uruguay | 0 | 37 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
3 indicadores de este eje comparten unidad en seis países o más, que es la condición mínima para ponerlos uno al lado del otro.
| País | Valor |
|---|---|
| Brasil | 731.673 |
| Costa Rica | 71.628 |
| Paraguay | 33.878 |
| Argentina | 19.840 |
| República Dominicana | 12.499 |
| Ecuador | 6.568,5 |
| Panama | 4.366,5 |
| Chile | 2.192 |
| País | Valor |
|---|---|
| Costa Rica | 63.336 |
| Panama | 32.672 |
| Colombia | 9.454 |
| República Dominicana | 3.225,5 |
| México | 1.176,5 |
| Guatemala | 804 |
| País | Valor |
|---|---|
| Costa Rica | 1.893.686,5 |
| Argentina | 275.377 |
| República Dominicana | 135.389 |
| Brasil | 133.225 |
| Panama | 18.027 |
| Paraguay | 1.609 |
Pasajes de los informes de distintos países sobre este eje. Cada uno indica de qué voz proviene.
Argentina ha transitado de la implementación de programas aislados hacia una estrategia integral de gestión del talento inclusivo. La creación del Responsable en la Inclusión y Desarrollo Laboral (RIDeL), con 169 funcionarios en 69 organismos acompañando trayectorias laborales, constituye un avance institucional significativo que no se observaba con esta magnitud en 2019. Asimismo, la puesta en marcha del Sistema Registral de Concesión de Espacios (Resolución 380/2021) para…
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Argentina ha transitado de la implementación de programas aislados hacia una estrategia integral de gestión del talento inclusivo. La creación del Responsable en la Inclusión y Desarrollo Laboral (RIDeL), con 169 funcionarios en 69 organismos acompañando trayectorias laborales, constituye un avance institucional significativo que no se observaba con esta magnitud en 2019. Asimismo, la puesta en marcha del Sistema Registral de Concesión de Espacios (Resolución 380/2021) para pequeños comercios en organismos públicos moderniza los registros y facilita la auditoría de normativas que anteriormente eran difíciles de controlar. La inclusión de 91.000 titulares con discapacidad en el programa Potenciar Trabajo demuestra una política de protección social activa, respaldada por una inversión sustancial de $66.052 millones en diciembre de 2022.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social[1] no cuenta con los datos solicitados, con la desagregación requerida. Sin embargo, enfatiza que los Artículos 72, 73, y 74 de la Constitución Política del Estado determinan los Derechos de las Personas con Discapacidad y particularmente en el ámbito laboral, el Artículo 72.4 plantea el derecho "A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una…
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social[1] no cuenta con los datos solicitados, con la desagregación requerida. Sin embargo, enfatiza que los Artículos 72, 73, y 74 de la Constitución Política del Estado determinan los Derechos de las Personas con Discapacidad y particularmente en el ámbito laboral, el Artículo 72.4 plantea el derecho "A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna”, otorgando un sentido garantista a partir de ello. De acuerdo a la Ley N° 223 de 2 de marzo de 2012, el objetivo es garantizar a las Personas con Discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. (Decreto Supremo N° 1893 de 12 de febrero de 2014 reglamenta a la ley 223).
Para el año 2021, para el FONAPI se dispuso 1.400 millones de pesos (BGI 2021 SENADIS, p. 45 https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6830) En cuanto al Programa de Apoyo al Cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de Senadis, en el año 2020 el total de entidades inscritas para el proceso de capacitaciones de manera virtual (ajustado por pandemia a capacitaciones incrónicas y asincrónicas) fue de un total de 285 organizaciones, 115 públicas y 170…
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Para el año 2021, para el FONAPI se dispuso 1.400 millones de pesos (BGI 2021 SENADIS, p. 45 https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6830) En cuanto al Programa de Apoyo al Cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de Senadis, en el año 2020 el total de entidades inscritas para el proceso de capacitaciones de manera virtual (ajustado por pandemia a capacitaciones incrónicas y asincrónicas) fue de un total de 285 organizaciones, 115 públicas y 170 privadas. (BGI 2020 SENADIS, p. 62 https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6829) En conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMyEG) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), en agosto de 2020 se instaló una Mesa de Trabajo, suscribiéndose un convenio de colaboración tripartito en el mes de diciembre del mismo año.
Respecto al indicador “Impulso de medidas de acción positiva para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado”, el IV Informe Nacional amplía la información presentada en el III Informe Nacional, incorporando elementos vinculados a nivel económico, tipo de trabajo, ajustes razonables y monitoreo de las políticas. Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Trabajo, en coordinación con la Unidad del Servicio Público de Empleo y agencias de…
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Respecto al indicador “Impulso de medidas de acción positiva para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado”, el IV Informe Nacional amplía la información presentada en el III Informe Nacional, incorporando elementos vinculados a nivel económico, tipo de trabajo, ajustes razonables y monitoreo de las políticas. Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Trabajo, en coordinación con la Unidad del Servicio Público de Empleo y agencias de empleo, logró la colocación de 12.808 personas con discapacidad en el sector privado (4.265 en 2023). Asimismo, en el sector público, conforme al Decreto 2011 de 2017, la vinculación de personas con discapacidad se incrementó de 1.192 a 13.581 en 2023, en 913 entidades, garantizando su participación en cargos permanentes, temporales y de libre nombramiento y remoción.
En este contexto, han sido producidos y compartidos materiales con públicos de interés para el proyecto (personas con discapacidad, sus familias y organizaciones y el sector empleador), en asocio con la agencia de comunicación de la Fundación ONCE, la ANE y el MTSS. (Anexo 8 Folleto XTL empresas CR) Anexo 9 Folleto XTL personas CR) También se brindan servicios de información a empresas con interés de conocer acerca del Foro Por Talento, así como a otros públicos interesados…
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En este contexto, han sido producidos y compartidos materiales con públicos de interés para el proyecto (personas con discapacidad, sus familias y organizaciones y el sector empleador), en asocio con la agencia de comunicación de la Fundación ONCE, la ANE y el MTSS. (Anexo 8 Folleto XTL empresas CR) Anexo 9 Folleto XTL personas CR) También se brindan servicios de información a empresas con interés de conocer acerca del Foro Por Talento, así como a otros públicos interesados en la inclusión laboral de personas con discapacidad, tal es el caso de familiares, periodistas, estudiantes universitarios, entre otros. Fuente:Anexo 78.Oficio CR-SBD-0160-2024 Banca para el DesarrolloAnexo 79. Política para la atención de los Sectores Prioritarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo Anexo 80. Acuerdo AG-081-11-2024 Politica y ProgramaAnexo 81. Política y Programa_SBD - LEY 7600. Uv.
Sin embargo, El Ministerio de Trabajo y Previsión Social para ampliar las oportunidades laborales de las personas en situación de vulnerabilidad, lanza la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 para que personas con discapacidad tengan un empleo digno y productivo por medio de un esfuerzo integrado de la política económica y social y de los sectores público y privado, que fomenta el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible y la reducción de la pobreza y la…
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Sin embargo, El Ministerio de Trabajo y Previsión Social para ampliar las oportunidades laborales de las personas en situación de vulnerabilidad, lanza la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 para que personas con discapacidad tengan un empleo digno y productivo por medio de un esfuerzo integrado de la política económica y social y de los sectores público y privado, que fomenta el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible y la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país.Así mismo, se cuenta con la Ventanilla Empléate Inclusivo: El Servicio Nacional de Empleo, prioriza la atención a personas con discapacidad para fortalecer el empleo inclusivo en el país, realizando acciones y esfuerzo para lograr 481 personas con discapacidad han sido intermediadas en alguna vacante laboral a nivel nacional y 139 personas con discapacidad en un empleo digno desde el año 2017-2024.
65 recomendaciones y desafíos dirigidos a 15 países.
Implementar programas de apoyo técnico para empresas privadas que fomenten la accesibilidad de sus plataformas virtuales, aprovechando el aumento del teletrabajo y promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Fortalecer la transición de los Talleres Protegidos hacia el empleo abierto y competitivo, evitando que se consoliden como espacios de segregación permanente.
Institucionalizar un “Tablero de Control de Inclusión Laboral” de acceso público que muestre mensualmente los avances del cupo del 4% por organismo, contribuyendo a la transparencia y seguimiento de la política.
Asegurar que las Oficinas de Empleo para personas con discapacidad brinden cobertura equitativa en todo el territorio, incluyendo áreas fuera de los grandes centros urbanos.
Garantizar la plena efectividad del cupo del 4% en todos los poderes del Estado y entes autárquicos.
Transformar el 71% de inactividad laboral en participación efectiva, mejorando la compatibilidad entre empleo y pensiones.
Se recomienda aprovechar la normativa vigente post-pandemia para incentivar la contratación de personas con movilidad reducida en sectores de servicios y tecnología
Escalar el programa piloto de inserción laboral (PAEII) a nivel nacional, manteniendo el enfoque de género que favoreció a mujeres en la fase inicial.
Se recomienda la publicación de una guía técnica para el sector privado que explique cómo adaptar puestos de trabajo, especialmente para personas con discapacidad intelectual o psicosocial, reduciendo el temor de los empleadores.
Se recomienda realizar, a través del INE, una encuesta nacional de empleo que incluya la variable “discapacidad” para contar con información oficial sobre la tasa de desempleo.
Es necesario garantizar que todos los Gobiernos Autónomos Municipales cumplan con la entrega del bono de 250 Bs. sin retrasos administrativos.
La brecha de cumplimiento de la inclusión laboral es más pronunciada en empresas privadas; se recomienda transitar de medidas conminatorias a incentivos fiscales efectivos por la contratación de personas con discapacidad.
Es importante que el Registro Obligatorio del Empleador produzca reportes automáticos y públicos sobre el cumplimiento de cuotas.
Se recomienda que, para el próximo período de reporte, el Estado fortalezca el sistema de información laboral, incorporando indicadores de calidad del empleo y evaluación de políticas afirmativas.
El reto central radica en mejorar la calidad y profundidad de la información laboral, incorporando indicadores de estabilidad, condiciones de trabajo y evaluación de políticas afirmativas.
Persisten brechas estructurales. La tasa de ocupación de personas con discapacidad (43,9%) sigue siendo significativamente menor que la de la población general (68%). Las medidas alternativas a la cuota han debilitado el impacto esperado, y la fiscalización resulta insuficiente. La mayoría de los empleos se concentra en sectores informales o de baja remuneración, con escasas oportunidades en sectores emergentes o de alta tecnología. El análisis de los indicadores permite profundizar estos desafíos, al evidenciar: Persistencia de tasas de ocupación inferiores al 45 % frente a más del 65 % en la población general. Brechas de género en la inserción laboral, con menor participación de las mujeres. Mayor desempleo entre personas jóvenes. Desigualdades territoriales, particularmente en zonas rurales. Subrepresentación en el sector público. Falta de implementación efectiva de ajustes razonables en los entornos laborales. Capacitación insuficiente y limitada cobertura de programas adaptados en determinados territorios. Escasa información pública sobre permanencia laboral y calidad del empleo. Estos factores reflejan la existencia de barreras estructurales y formas de discriminación indirecta que continúan restringiendo el ejercicio pleno del derecho al trabajo en igualdad de condiciones.
Publicar indicadores de contratación y permanencia desagregados; auditar los ajustes razonables; ampliar los programas de empleo con apoyo al sector privado mediano, es decir, a medianas y pequeñas empresas.Asimismo, se recomienda: Fortalecer la fiscalización del cumplimiento de la cuota laboral. Reducir el uso de medidas alternativas. Ampliar la cobertura territorial de los programas. Consolidar el teletrabajo accesible como política estructural. Incorporar incentivos para sectores tecnológicos y emergentes. Desarrollar estrategias focalizadas para mujeres y jóvenes con discapacidad. Transparentar la asignación presupuestaria vinculada a estas políticas.
Fortalecer y ampliar los programas de intermediación laboral y formación dirigidos a personas con discapacidad, asegurando su incorporación de manera efectiva en las políticas públicas de empleo.
Desarrollar e implementar medidas especializadas que aseguren la accesibilidad y la protección en el entorno laboral, incluyendo ajustes razonables por parte de los empleadores para garantizar condiciones de trabajo dignas y equitativas.
Fortalecer las estrategias de inclusión laboral para aumentar la tasa de ocupación de las personas con discapacidad, asegurando el cumplimiento y la efectividad de la cuota de empleo establecida por la normativa.
Esclarecer la distribución total de ocupación y desocupación entre los sectores público y privado.
Desarrollar y fortalecer programas de intermediación laboral y capacitación, asegurando su integración efectiva en las políticas públicas de empleo para facilitar la inclusión sostenible de las personas con discapacidad.
Implementar medidas especializadas que aseguren ajustes razonables por parte de los empleadores, promoviendo condiciones de trabajo dignas, equitativas y accesibles para todas las personas con discapacidad.
Reforzar estrategias que aumenten la tasa de ocupación de las personas con discapacidad, garantizando el cumplimiento efectivo de la cuota de empleo establecida por la normativa.
Presentar de manera detallada la cantidad total de personas con discapacidad ocupadas y desocupadas, diferenciando entre los sectores público y privado, para evaluar brechas y orientar políticas de inclusión laboral.
Permanencia y sostenibilidad laboral Las medidas descritas se enfocan principalmente en el acceso al empleo, pero se requiere mayor atención a la permanencia y desarrollo profesional de las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo.
Formalización del empleo No se presentan datos sobre la calidad y formalidad del empleo que obtienen las personas con discapacidad, aspecto crucial para garantizar condiciones laborales dignas y acceso efectivo a la seguridad social.
Articulación interinstitucional Si bien existen múltiples iniciativas desde distintas instituciones (MTSS, CONAPDIS, IMAS, Sistema de Banca para el Desarrollo, municipalidades), persiste el desafío de lograr una articulación efectiva que evite duplicidades y potencie los resultados.
Medición efectiva del impacto de programas A pesar de la diversidad de programas y políticas descritas, no se presentan indicadores claros sobre el impacto real de estas medidas en la empleabilidad de las personas con discapacidad, lo que dificulta evaluar su efectividad.
Inclusión laboral de personas con discapacidad severa La baja tasa de ocupación de las personas con discapacidad severa (29,6%) en comparación con aquellas con discapacidad leve a moderada (68,4%) evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de inclusión para este grupo.
Brecha de género en el empleo La notable diferencia entre la tasa de ocupación de hombres (52,4%) y mujeres (32,1%) con discapacidad refleja una importante inequidad que requiere atención específica. Asimismo, el 67% de las mujeres con discapacidad están fuera de la fuerza laboral, frente al 33% de los hombres.
Recopilación de datos desagregados La información estadística presenta vacíos importantes en cuanto a la desagregación por zona geográfica (rural/urbana/comunidades indígenas), tipo específico de discapacidad (física, auditiva, visual, etc.) y ámbito de trabajo (público/privado). Esto limita la posibilidad de diseñar políticas focalizadas que atiendan las necesidades específicas de diferentes grupos de personas con discapacidad.
Fortalecer la transición educación-empleo Desarrollar mecanismos más efectivos para facilitar la transición de las personas con discapacidad desde el sistema educativo hacia el empleo, mediante programas de prácticas profesionales, pasantías y formación dual.
Programa de mentorías y desarrollo profesional Implementar un programa nacional de mentorías y desarrollo profesional específico para personas con discapacidad que ya están empleadas, con el fin de promover su permanencia, crecimiento y promoción en el ámbito laboral.
Estrategia de sensibilización al sector empleador Ampliar las acciones de información, capacitación y asesoría dirigidas al sector empleador, con énfasis en los beneficios de la inclusión laboral, los ajustes razonables y las exenciones fiscales disponibles.
Fortalecimiento del marco de coordinación interinstitucional Reforzar los mecanismos de articulación entre las diversas instituciones involucradas en la promoción del empleo para personas con discapacidad, estableciendo protocolos claros de coordinación y un sistema de información compartido.
Sistema de evaluación de impacto Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir el impacto real de los programas de inclusión laboral, con indicadores cuantitativos y cualitativos que valoren no solo el acceso al empleo sino también la calidad, permanencia y desarrollo profesional.
Estrategia para la inclusión de personas con discapacidad severa Fortalecer las medidas de apoyo para la inclusión laboral de personas con discapacidad severa, incluyendo el desarrollo de centros de empleo con apoyo, mayor capacitación a empleadores sobre ajustes razonables y la promoción de modelos de trabajo flexible.
Programa específico para mujeres con discapacidad Implementar un programa nacional focalizado en promover la inclusión laboral de mujeres con discapacidad, que incluya incentivos específicos para empleadores, formación profesional adaptada y servicios de cuidado que faciliten su incorporación al mercado laboral.
Avanzar hacia la integración de variables de discapacidad en las encuestas nacionales de empleo para contar con una línea base de desempleo robusta.
Un punto de atención para el próximo periodo podría ser la reducción de la brecha de género, dado que la participación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral se sitúa actualmente en un 35%.
Continuar promoviendo la inclusión de personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, buscando equilibrar su participación frente a las discapacidades físicas.
Potenciar el registro de la inclusión laboral en zonas rurales y comunidades indígenas para visibilizar el alcance nacional de las metas.
Considerar el fortalecimiento de los sistemas de información laboral para captar datos de la población en edad de trabajar que aún no accede al mercado.
Continuar con la exitosa labor de capacitación a inspectores de trabajo, enfatizando en los ajustes razonables para discapacidades "no visibles".
Explorar mecanismos o programas piloto que incentiven la contratación de mujeres con discapacidad, promoviendo su liderazgo.
No se cuenta con datos desagregados actualizados para monitorear el ejercicio del derecho al trabajo y los progresos en el tiempo. No se reportaron los datos del servicio de intermediación para la inclusión laboral de este período. No se reportan acciones concretas de capacitación de las empresas sobre discapacidad y ajustes razonables.
Relevar la variable discapacidad en los registros administrativos del ámbito laboral y en las estadísticas de empleo. Sistematizar los resultados del área de intermediación laboral y sus desafíos. Continuar y fortalecer las acciones para la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, las acciones de concientización de empresas y organismos públicos para la contratación de personas con discapacidad y la realización de ajustes razonables, formación de operadores laborales que asistan los procesos de inclusión. Fortalecer programas de aistencia técnica y financiera para emprendimientos de personas con discapacidad. Fortalecer la normativa para la adopción de cuotas afirmativas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el empleo público y privado con mecanismos de inspección.
Persisten desafíos vinculados a la generación de indicadores de resultado que permitan evaluar el impacto real de las políticas de empleo. También resulta necesario fortalecer los sistemas de información laboral.
Se recomienda incorporar mecanismos de monitoreo de inserción laboral sostenida en los programas existentes. Se recomienda, además, avanzar hacia un registro unificado de información laboral.
Baja inserción en empleo formal. Falta de incentivos sostenibles al sector privado. Desigualdad territorial en oportunidades de empleo.
Fortalecer incentivos al sector privado y mecanismos de seguimiento.
Acelerar la implementación efectiva del programa nacional.
Monitorear condiciones laborales y permanencia.
Fortalecer políticas de empleo inclusivo.
Se sugiere al Estado Parte pueda considerar en la ampliación con la información si elaboró e implementó normas, planes, programas y proyectos o acciones con enfoque de políticas de cuidado en favor de las madres o padres, tutora o tutor que se encuentren a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años de edad.
Explorar en otras naciones cuales han sido los programas desarrollados y buscar la forma para obtener los recursos necesarios para poder alcanzar las metas previstas y recomendadas.
Poder contar con programas que arrojen luz sobre la empleabilidad de personas con Discapacidad y sus necesidades para poder establecer un norte del Cómo mejorar y tener datos correctos de numeros, y tipos de apoyos necesarios para dar la oportunidad a estos.
El Estado informa que en el año 2022 se identificó que, del total de trabajadores de las entidades públicas fiscalizadas, que constituyen 93.252 personas, 1.276 son personas con discapacidad, 471 mujeres (37%) y 805 varones (63%), el porcentaje equivalente corresponde al 1,4%, incumpliendo con el 5% de la cuota de empleo. En el año 2023fiscalizó a 143 entidades públicas, identificando que, del total de trabajadores de las entidades fiscalizadas, que constituyen 91.486 personas, 1.106 son personas con discapacidad, 398 mujeres (36%) y 708 varones (64%). El porcentaje equivalente corresponde al 1,2%, incumpliendo con el 5% de la cuota de empleo.
2. Alcanzar la cuota de contratación de personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, lo cual, debe ir acompañado con enfoque de género, buscando disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres con discapacidad que cuentan con trabajo.
Implementar efectivamente las Propuestas normativas y medidas complementarias de política pública para impulsar el cumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado de 2022 elaborado por el Grupo de Trabajo Multisectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo.
Seguimiento a la inclusión laboral de las personas con discapacidad desagregando variables relacionados con: género, edad, etnia, zona urbana y rural, área geográfica, autoidentificación étnica, tipo de discapacidad, sector público y privado.
Generar procesos de gestión, sistematización, generación de datos estadísticos, enfocados en el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la política pública en discapacidades, relacionadas con el trabajo y empleo.
El principal desafío radica en garantizar la generación de indicadores de resultado que permitan evaluar la efectividad de las políticas de empleo más allá de su existencia formal. Asimismo, resulta necesario fortalecer los sistemas de información laboral para mejorar la calidad y comparabilidad de los datos disponibles.
Se recomienda que, para el próximo informe nacional, se incorpore un sistema de monitoreo que permita medir inserción laboral sostenida en una proporción relevante de los programas vigentes. Se recomienda, además, establecer un registro unificado de información laboral que facilite el seguimiento y la evaluación de las políticas implementadas.