Eje 10 del Programa de Acción · II.11 · B.10
El derecho a vivir sin violencia, incluidas la explotación, el abuso y el maltrato.
La violencia contra las personas con discapacidad es un fenómeno estructural, agravado por la falta de datos estadísticos uniformes y por prejuicios muy arraigados. Se avanzó en integrar gradualmente la perspectiva de género y discapacidad.
Apoyos accesibles para denunciar, leer y decidir. Políticas de prevención con enfoque de género e interseccional. Eliminar los marcos legales de sustitución en la toma de decisiones. E incorporar la protección de las personas con discapacidad a las estrategias de seguridad, salud y protección social.
Lectura regional del Grupo Mixto de CEDDIS sobre el 4º ciclo.
Más arriba está lo que reportó cada país sobre este tema, tal como lo escribió. Si querés una lectura que los cruce —qué se repite, qué contrasta, dónde hay silencio— la puede generar la inteligencia artificial en este momento, a partir de esos mismos informes.
No es un texto de los Estados, del Comité ni del observatorio: lo escribe una inteligencia artificial cuando apretás el botón, y puede salir distinto cada vez. Lo que reportaron los países está más arriba, con su fuente.
| País | Datos utilizables | Pasajes | Recomendaciones | Voces |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 7 | 5 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Bolivia | 0 | 6 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Brasil | 0 | 4 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Chile | 174 | 39 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Colombia | 571 | 108 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Costa Rica | 0 | 59 | 0 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Ecuador | 0 | 15 | 17 | Evaluación de pares Informe oficial |
| El Salvador | 30 | 21 | 4 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Guatemala | 0 | 7 | 2 | Informe oficial |
| México | 4 | 31 | 7 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Panama | 169 | 14 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Paraguay | 0 | 5 | 1 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Perú | 0 | 15 | 5 | Evaluación de pares Informe oficial Informe sombra |
| República Dominicana | 18 | 2 | 0 | Evaluación de pares Informe oficial |
| Uruguay | 0 | 35 | 2 | Evaluación de pares Informe oficial |
Pasajes de los informes de distintos países sobre este eje. Cada uno indica de qué voz proviene.
Ahora bien, el SRJ tiene por disposición legal una implementación gradual, comenzando su funcionamiento el 13 de enero de 2024 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, para luego implementarse en enero del año 2025 desde la región del Maule al sur, completando su implementación en enero de 2026 abarcando las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´Higgins y Metropolitana de Santiago.De esta manera, el SRJ no cuenta…
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Ahora bien, el SRJ tiene por disposición legal una implementación gradual, comenzando su funcionamiento el 13 de enero de 2024 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, para luego implementarse en enero del año 2025 desde la región del Maule al sur, completando su implementación en enero de 2026 abarcando las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´Higgins y Metropolitana de Santiago.De esta manera, el SRJ no cuenta con información propia respecto del período de reporte requerido, a saber, 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023.Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que también por disposición legal, el SRJ se constituye para todos los efectos legales, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga la ley N°21.527, en sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores (SENAME).El SRJ en cumplimiento de su objeto, debe garantizar dentro del ámbito de su competencia, y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto de los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas.Entre los principios que rigen el actuar del SRJ se encuentra el principio de interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de todos los derechos y garantías que le son reconocidos.
Es importante aclarar que, de conformidad con los artículos 4, 5, 6, 23 y 25 de la Ley 1616 de 2013[\[12\]], la atención en salud mental es responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo tanto, el servicio complementario de apoyo psicológico especializado que ofrece el ICBF a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un PARD, no sustituye dichas atenciones. [1] Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de…
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Es importante aclarar que, de conformidad con los artículos 4, 5, 6, 23 y 25 de la Ley 1616 de 2013[\[12\]], la atención en salud mental es responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo tanto, el servicio complementario de apoyo psicológico especializado que ofrece el ICBF a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un PARD, no sustituye dichas atenciones. [1] Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.[2] Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018 en parte de su articulado.[3]Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus dependencias.[4] Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras".[5] A través del cual se le integró al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.[6] https://www.icbf.gov.co/guia-orientadora-para-la-inclusion-de-nn-y-mujeres-gestantes-con-discapacidad-en-los-servicios-de[7] Modificado en algunos de sus artículos en la Ley 1878 de 2018. [8] Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niñas, niños y adolescentes. (Artículo 79 de la Ley 1098 de 2006).[9] Aprobado mediante Resolución No.1526 de 23 de febrero de 2016 y modificado mediante Resolución No. 7547 de julio 29 de 2016.
Existe un amplio marco jurídico de protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional que tutela entre otros, los derechos de igualdad y no discriminación de ninguna índole, de protección ante la ley, de acceso a una justicia pronta y cumplida y de un debido proceso; principios consagrados, entre las siguientes normas vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos: La Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 51 establece la…
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Existe un amplio marco jurídico de protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional que tutela entre otros, los derechos de igualdad y no discriminación de ninguna índole, de protección ante la ley, de acceso a una justicia pronta y cumplida y de un debido proceso; principios consagrados, entre las siguientes normas vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos: La Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 51 establece la protección especial de la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, aprobada mediante la Ley número 4534 del 23 de febrero de 1970.El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley número 4229 del 11 de diciembre de 1968.La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada mediante la Ley número 6968 del 02 de octubre de 1984.La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará", aprobada mediante la Ley número 6968 del 28 de junio de 1995.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados mediante la Ley número 8661 del 29 de septiembre de 2008.La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobados mediante la Ley número 7948 del 08 de diciembre de 1999.
Desde enero el 2023 se incorpora a la plantilla de registro para atención la variable de discapacidad, que permite generar un registro estadístico de las personas con discapacidad que asisten a la atención en las áreas Clínica Médico Legal y la Salud Mental Forense.CLÍNICA MÉDICO LEGAL AgenciaFÍSICASENSORIALCOGNITIVAINTELECTUALPSICOSOCIALVISCERAL TOTAL38912179512416 Panamá 98157041 Chiriquí1273953087 San Miguelito421222132 Panamá Oeste46117710 Coclé34114031 Veraguas6170235…
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Desde enero el 2023 se incorpora a la plantilla de registro para atención la variable de discapacidad, que permite generar un registro estadístico de las personas con discapacidad que asisten a la atención en las áreas Clínica Médico Legal y la Salud Mental Forense.CLÍNICA MÉDICO LEGAL AgenciaFÍSICASENSORIALCOGNITIVAINTELECTUALPSICOSOCIALVISCERAL TOTAL38912179512416 Panamá 98157041 Chiriquí1273953087 San Miguelito421222132 Panamá Oeste46117710 Coclé34114031 Veraguas6170235 Herrera1571610 Bocas del Toro7431210 Colón1322300 Los Santos020000 Darién110000 Fuente: Registros aportados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) Sección de Salud MentalAGENCIATOTAL TIPO DE DISCAPACIDADFÍSICASENSORIAL (VISUAL/AUDITIVA)INTELECTUAL COGNITIVA PSICOSOCIAL TOTAL3821171071034213 Panamá154562452148Herrera827541920San Miguelito4721101321Panamá Oeste 321164110Colón1481401Chiriquí 1351070Coclé1216401Veraguas 1153111Los Santos 711221Darién601230Bocas del Toro 420200Fuente: Registros aportados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) MINISTERIO DE LA MUJEREl Ministerio de la Mujer, creado mediante Ley N°375 de 8 de marzo de 2023, como entidad rectora del Estado en todo lo relacionado con las políticas públicas, planes, programas, proyectos y campañas destinadas a la prevención, detección, evaluación y erradicación de cualquier práctica o conducta discriminatoria, violencia y acoso contra las mujeres en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado panameño.
Con fuentes alternativas, del Programa Warmi Ñan, entre 2020 y 2023 (se excluyen los que exceden del período a evaluar), se registran los siguientes casos de violencia sexual[1]:2020: 379 casos2021: 605 casos2022: 806 casos2023: 837 casosSeñalan que, pese a ver una tendencia ascendente y preocupante, destacan que muchas mujeres con discapacidad no presentan denuncias, debido a las barreras físicas, institucionales y socioculturales que dificultan el acceso a la…
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Con fuentes alternativas, del Programa Warmi Ñan, entre 2020 y 2023 (se excluyen los que exceden del período a evaluar), se registran los siguientes casos de violencia sexual[1]:2020: 379 casos2021: 605 casos2022: 806 casos2023: 837 casosSeñalan que, pese a ver una tendencia ascendente y preocupante, destacan que muchas mujeres con discapacidad no presentan denuncias, debido a las barreras físicas, institucionales y socioculturales que dificultan el acceso a la justicia.Además, cuestionan la falta de desagregación de la información por sexo, edad o tipo de discapacidad.Por otro lado, abordan la violencia obstétrica señalando que, entre 2021 y julio de 2025, la superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) registró 19 denuncias por violencia obstétrica:4 casos correspondieron a niñas de 11 a 15 años,15 casos a mujeres de 19 a 55 años.Los motivos de denuncia incluyeron:Negación de servicios de salud (1 caso),Postergación injustificada (2 casos),Inadecuada atención médica (12 casos),Maltrato físico o verbal (2 casos),Exhibición del cuerpo sin consentimiento (1 caso),Violencia obstétrica no especificada (1 caso)Nuevamente cuestionan la falta de desagregación de la información por sexo, edad y discapacidad, calificándola como una forma de invisibilización institucional. [1] https://portalestadistico.warminan.gob.pe/tipos-de-poblacion/
Por esto no se establecen formatos de atención por tipo o ámbito de la violencia. Se existe, por motivos presupuestales un recorte vinculado al perpetrador de tales violencias. Gran parte del Sistema responde sólo a aquellas demandas en las que el perpetrador fue pareja de la demandante. En otra parte del Sistema se atienden todas las demandas de VBG. Desde 2023 la línea telefónica gratuita 0800 4141 de Orientación e Información sobre Violencia de Género para las mujeres…
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Por esto no se establecen formatos de atención por tipo o ámbito de la violencia. Se existe, por motivos presupuestales un recorte vinculado al perpetrador de tales violencias. Gran parte del Sistema responde sólo a aquellas demandas en las que el perpetrador fue pareja de la demandante. En otra parte del Sistema se atienden todas las demandas de VBG. Desde 2023 la línea telefónica gratuita 0800 4141 de Orientación e Información sobre Violencia de Género para las mujeres sordas, triangulando la comunicación con el Servicio de Intérpretes Virtuales del Ministerio de Desarrollo Social. En la capital, las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género pueden recibir atención en el Anexo de la Intendencia de Montevideo, ubicado en Soriano 1426. También pueden llamar al número 1950 8809. El servicio de atención es especializado y brinda asistencia psicosocial y jurídica.
57 recomendaciones y desafíos dirigidos a 13 países.
Persisten desafíos vinculados a la identificación y visibilización de las formas específicas e interseccionales de violencia , a la disponibilidad de datos desagregados y a la accesibilidad de los servicios de denuncia, protección y atención para las personas con discapacidad.
Evaluar la accesibilidad de los servicios de denuncia, protección y atención para las personas con discapacidad.
Incorporar datos desagregados por tipo de discapacidad, género y edad.
Diferenciar los distintos tipos de violencia que afectan a las personas con discapacidad, incluyendo violencia doméstica, institucional, sexual, económica y simbólica.
Fortalecer las estrategias de prevención, sensibilización y capacitación de los equipos que integran la red de protección.
Al igual como se señaló respecto del tercer informe, se sigue advirtiendo la falta de legislación y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las personas con discapacidad en general, incorporando variable de género. Incorporar en las mallas curriculares de la EJE las temáticas de discapacidad, especialmente, prevención de la violencia, el abuso y la discirminación contra las personas con discapacidad. Mejorar los sistemas de reportabilidad respecto de las causas o denuncias vinculadas a violencia contra la personas con discapacidad, incorporando esta variable de manera expresa en los sistemas de recolección de datos y estadísticas.
Contar con legislación y políticas específicas para prevenir y erradicar la violencia contra las personas con discapacidad en general, incorporando variable de género. Incorporar en las mallas curriculares de formación de funcionarios públicos, funcionarios judiciales y funcionarios de las asambleas legislativas las temáticas de discapacidad, especialmente, prevención de la violencia, el abuso y la discirminación contra las personas con discapacidad. Mejorar los sistemas de reportabilidad respecto de las causas o denuncias vinculadas a violencia contra la personas con discapacidad, incorporando esta variable de manera expresa en los sistemas de recolección de datos y estadísticas.
En análisis interseccional incorporado en el IV informe revela que las mujeres con discapacidad, las personas mayores y las personas negras con discapacidad, enfrentan más riesgos de sufrir violencia física, psicológica, patrimonial y negligencia, este es un desafío evidencia la necesidad de crear políticas públicas que integren de manera efectiva los enfoques de género, edad, raza y discapacidad.
A pesar de los avances normativos e institucionales, los datos del IV informe evidencia que las personas con discapacidad continúan experimentando niveles significativamente más altos de violencia en comparación con la población sin discapacidad. La violencia se manifiesta de forma reiterada, principalmente en el ámbito intrafamiliar y en el entorno domiciliario, lo que indica que las medidas preventivas aún no logran modificar las dinámicas estructurales de exclusión y dependencia.
Fortalecer políticas integrales de prevención de la violencia, diseñando e implementando políticas públicas que prioricen la prevención primaria, incorporando programas comunitarios, educativos y familiares orientados a erradicar prácticas discriminatorias y violentas hacia las personas con discapacidad.
Asegurar que todas las estrategias y servicios de atención a la violencia integren de manera transversal los enfoques de género, edad, raza y discapacidad, de esta manera se podría garantizar respuestas diferenciadas para mujeres, personas mayores, niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Desafíos identificados: Ampliar el alcance: Incrementar la cobertura para llegar a más a mas mujeres actualmente. Descentralizar la ayuda: Lograr que el apoyo técnico sea efectivo en todos los centros del país, no solo en la Región Metropolitana. Fortalecer alianzas: Asegurar la continuidad de la colaboración entre el Estado y las fundaciones civiles. Eliminar barreras comunicativas: Garantizar que la atención especializada (lengua de señas y protocolos de accesibilidad) sea la norma y no la excepción.
Recomendaciones Regionalización: Replicar el modelo del centro especializado en todas las regiones del país. Accesibilidad 24/7: Implementar video-interpretación inmediata en los canales de emergencia. Capacitación masiva: Formar a todos los funcionarios públicos en Lengua de Señas Chilena. Justicia Integral: Asegurar intérpretes certificados en todos los procesos legales y denuncias.
Presentar información de la conclusión de procesos judiciales sobre casos de violencia hacia las personas con discapacidad, durante todo el ciclo de vida, desagregado por sexo, edad, etnia, tipo de discapacidad y lugar de residencia (urbano/rural)
Presentar información de los casos de violencia hacia personas con discapacidad durante todo el ciclo de vida, tanto en el sistema administrativo como en el sistema judicial, desagregado por sexo, edad, etnia, tipo de discapacidad y lugar de residencia (urbano/rural)
Registrar información de las denuncias de casos de violencia hacia las personas con discapacidad durante todo su ciclo de vida.
Reforzar las políticas de prevención contra la violencia hacia personas con discapacidad en toda la República de Colombia.
9. Promover la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de vida libre de violencia, en concordancia con el principio de “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
8. Integrar de forma transversal el enfoque de discapacidad en las políticas de prevención de la violencia de género, asegurando respuestas adecuadas a las múltiples formas de discriminación que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad.
7. Diseñar e implementar programas de prevención específicos, dirigidos a personas con discapacidad, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas en situación de alta dependencia, fortaleciendo el empoderamiento y el conocimiento de derechos.
6. Incorporar de manera explícita la prevención y erradicación de la violencia institucional dentro de las políticas públicas, protocolos de actuación y programas de capacitación de los servicios involucrados.
5. Adecuar integralmente los servicios de acogida, protección y atención a víctimas, garantizando condiciones de accesibilidad universal, apoyos especializados y atención diferenciada para personas con discapacidad.
4. Reforzar la coordinación interinstitucional y territorial, garantizando rutas de atención integrales, continuas y culturalmente pertinentes, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
3. Implementar sistemas de información y registro desagregados, que permitan identificar, monitorear y evaluar la violencia contra personas con discapacidad desde un enfoque interseccional.
2. Desarrollar programas permanentes de capacitación especializada para el personal de los sistemas de protección, justicia, salud y servicios sociales en violencia y discapacidad.
Fortalecer la accesibilidad universal de los servicios de denuncia y atención, incorporando formatos accesibles, apoyos comunicacionales e intérpretes cuando corresponda.
4. Limitada adecuación de los servicios de acogida y protección (casas de acogida, refugios temporales) a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, particularmente en términos de accesibilidad física, apoyos comunicacionales y acompañamiento especializado.
2. Insuficiente especialización del personal encargado de la atención a víctimas de violencia en materia de discapacidad, ajustes razonables y comunicación accesible.
8. El Estado presenta avances normativos e institucionales relevantes en la prevención y atención de la violencia; sin embargo, las brechas en accesibilidad, especialización e implementación efectiva limitan el logro pleno de una vida libre de violencia para las personas con discapacidad, conforme a la meta ideal de la CIADDIS-PAD.
7. Débil incorporación del enfoque de discapacidad en las políticas y programas de prevención de la violencia de género, lo que limita la atención adecuada de mujeres y niñas con discapacidad en situación de violencia múltiple e interseccional. Escasa participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas orientados a garantizar una vida libre de violencia.
6. Falta de estrategias preventivas específicas dirigidas a personas con discapacidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, que aborden factores de riesgo asociados a la dependencia, el aislamiento y la exclusión social.
5. Insuficiente abordaje de la violencia institucional, incluyendo prácticas discriminatorias o revictimizantes en los servicios de atención, salud, protección social y justicia, que desincentivan la denuncia y la continuidad de los procesos de protección.
3. Sub registro de casos de violencia contra personas con discapacidad, debido al miedo, la dependencia, la normalización de la violencia y la falta de sistemas de información desagregados.
Barreras de accesibilidad en los mecanismos de denuncia, atención y protección, que limitan el acceso efectivo de las personas con discapacidad a una respuesta oportuna y adecuada.
Superar la falta de información sobre las resoluciones, sentencias y decisiones administrativas en casos de violencia contra personas con discapacidad, lo que limita la evaluación del acceso a la justicia y la efectividad de las respuestas institucionales.
Mejorar la calidad y consistencia de los registros de denuncias y atenciones por violencia contra mujeres con discapacidad, de modo que permitan identificar tendencias en el tiempo y orientar acciones de prevención, atención y protección.
Implementar un registro sistemático y público de las decisiones judiciales y administrativas, con información desagregada por año y resultado del caso, que permita monitorear el cumplimiento de derechos y fortalecer la rendición de cuentas.
Fortalecer los sistemas de registro, asegurando la desagregación por tipo de violencia y año, y la articulación entre las entidades responsables, para contar con información oportuna y comparable.
El Comité recomienda al Estado Parte generar y sistematizar registros oficiales sobre denuncias, sentencias y resoluciones en casos de violencia contra personas con discapacidad, desagregados por variables sociodemográficas, así como fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar prevención, atención, sanción y reparación efectiva en condiciones de igualdad.
La ausencia de información sobre casos, resoluciones y resultados en situaciones de violencia contra personas con discapacidad impide conocer la magnitud del problema, las respuestas institucionales y el acceso efectivo a mecanismos de justicia y reparación.
Ausencia de datos específicos y desagregados O informe não apresenta dados sobre: prevalência da violência contra pessoas com deficiência; tipos de violência (física, sexual, psicológica, institucional); perfil das vítimas (tipo de deficiência, gênero, idade, território); contexto da violência (doméstico, institucional, comunitário). Esta ausência impede avaliar a magnitude do problema e monitorar avanços. Falta de protocolos específicos con enfoque de discapacidad Não se identificam protocolos claros para prevenção, identificação, denúncia, proteção e reparação da violência contra pessoas com deficiência, incluindo ajustes razoáveis e acessibilidade comunicacional. Barreras de acceso a los mecanismos de denuncia y protección Persistem obstáculos significativos, como: canais de denúncia não acessíveis; ausência de intérpretes e apoios para comunicação; medo de retaliação, especialmente em contextos de dependência; baixa credibilidade institucional atribuída às vítimas com deficiência. Riesgos agravados en contextos institucionales Pessoas com deficiência em instituições, abrigos, hospitais psiquiátricos, residências coletivas ou centros penitenciários enfrentam riscos elevados, sem que o informe apresente mecanismos específicos de supervisão e prevenção. Débil articulación intersectorial A resposta à violência ainda não se apresenta como política articulada entre justiça, saúde, assistência social, educação e direitos humanos, com enfoque de deficiência.
Incorporar explícitamente la discapacidad en los sistemas nacionales de prevención y atención de la violencia , garantizando enfoque interseccional (genero, edad, etnia, território).
Capacitar de manera continua y obligatoria a profesionales de la red de protección (justicia, salud, asistencia social, seguridad pública) sobre violencia contra personas con discapacidad.
Garantizar accesibilidad plena de los mecanismos de denuncia, protección y atención , incluyendo líneas telefônicas, serviços presenciales, plataformas digitales y casas de recogimiento.
Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de enfrentamiento a la violencia.
Elaborar y aplicar protocolos específicos con enfoque de discapacidad , que incluyan: accesibilidad comunicacional; ajustes razonables; modelos de apoyo a la toma de decisiones; protección efectiva de la víctima.
Desarrollar sistemas de información y registro que recojan datos desagregados sobre violencia contra personas con discapacidad, permitiendo monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
Fortalecer los mecanismos de reparación integral del daño, asegurando que las personas afectadas reciban una respuesta completa y efectiva ante la vulneración de sus derechos. Asimismo, resulta necesario recopilar información detallada sobre la existencia y aplicación de medidas o ajustes razonables que garanticen una atención adecuada y accesible en los casos de violencia, de manera que se promueva la protección, la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Como desafío, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de reparación integral ante las violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de asegurar no solo el reconocimiento efectivo del daño sufrido, sino también la restitución de derechos, la adopción de medidas de rehabilitación y la implementación de garantías de no repetición que contribuyan a eliminar las barreras estructurales que perpetúan la exclusión y la desigualdad.
Se releva la importancia de fortalecer los sistemas de registro y producción de información sobre violencia contra personas con discapacidad, incorporando variables que permitan una adecuada desagregación y análisis.
Si bien se avanzó en la información reportada, se reitera la necesidad de contar con un sistema especifico de denuncias para poder generar datos estadísticos.
Se observa la falta de desagregación de información por género, etnia/pueblos originarios, edad y tipo de discapacidad.
Por otro lado, el descriptor c) sobre sentencias/resoluciones/decisiones, no se abordó en la forma debida, por lo que, para el próximo informe del Estado, se sugiere analizar los casos que ya están identificando para poder desagregar por casos favorables y desestimados.
Se alienta al Estado ampliar la aplicación a todo ámbito y proceso judicial el Protocolo de Atención de Buena Calidad en el Proceso Especial de Tutela Frente a la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
2. Crear un sistema unificado de información entre el MINSA, MIMP y SUSALUD, que registre casos de violencia sexual y obstétrica desagregados por tipo de discapacidad, edad, sexo, orientación sexual y región, con enfoque interseccional y de derechos humanos.
Generar un sistema unificado que registre diversidad de variables asociadas a discapacidad y violencia, puede ser interinstitucional, promocionar, reproducir y divulgar protocolos en formatos accesibles en LSU, de lectura simple, pictogramas, audios y otros para la prevención, atención y derivación de casos de violencia contra personas con discapacidad. Establecer metas para el avance y cumplimiento que se puedan cuantificar.
Producir registros en sistemas unificados para sistematizar y contar con datos desagegados, claramente incluyendo de forma prioritaria la tipología de discapacidad en las variables para una vida libre de violencia, que permita procesar datos para cifras e indicadores cuantitativos. Lograr que la capacitación a los servidores y funcionarios públicos sea de carácter obligatorio para todos, acerca del tema enfocado en las personas con disapacidad con énfasis en niñas y mujeres con enfoque interseccional por vulnerabilidad.